Contraloría descontrolada

Dicen que Bermúdez nunca toma decisiones sin tener todos los fundamentos a la mano y que lo sucedido estos días, al solicitar la renuncia de la subcontralora Dorothy Pérez, no es la excepción. Discrepancias de criterio fueron tensionando la relación entre ambos, pero lo que quebró la confianza hacia su subalterna fue el hecho de que esta fue citada a declarar como testigo en el caso “Pacogate”, algo de lo que el contralor no poseía antecedentes. La abogada buscará defender, incluso ante la Corte Suprema, su mantención en el cargo.
Una relación de confianza que se quebró definitiva e irreversiblemente. Así puede explicarse, en parte, la inédita pugna pública que esta semana han protagonizado las dos máximas autoridades de la Contraloría General, Jorge Bermúdez y la subcontralora Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez, quien se negó a dar un paso al costado de su cargo, a pesar de la solicitud formal que le hizo su jefe directo y cabeza de la entidad fiscalizadora. Un conflicto en el que todos manifiestan estar a ciegas, ya que impera un férreo hermetismo sobre las causas de fondo.
Hasta el lunes, Pérez era el brazo derecho de Bermúdez. De hecho, revisando dictámenes de hace poco más de un mes, aparece firmando en varias ocasiones como contralor subrogante. Pero la relación ya tenía algunas tensiones, debido al choque de estilos e interpretaciones distintas a la hora de resolver algunas controversias propias de las funciones en el servicio.
Mientras que Dorothy Pérez cultivaba un perfil muy institucional, enfocado en las relaciones internas, encuentros internacionales de organismos equivalentes y grupos anticorrupción, el contralor Bermúdez ha desarrollado un estilo mediático que ha incomodado especialmente al Gobierno de Sebastián Piñera. Un ejemplo de las diferencias entre ambos fue la implementación de “Contralorito”, la mascota de la institución que explica los dictámenes y el trabajo del organismo en redes sociales, idea que a Pérez –según fuentes internas– le parecía una estrategia que desperfilaba a la institución.
Abogada, hija de una familia de clase media baja de Quilpué, Pérez es un caso ilustrativo de meritocracia. Estudió en la Universidad de Chile, tiene dos magísteres y en 2006 ingresó a la Contraloría General a la sección de Toma de Razón, donde ocupó la jefatura. Un año después, el entonces contralor Ramiro Mendoza la puso a cargo de la institución de la Región de Valparaíso, la división más importante después de Santiago. Sólo tenía 31 años, cuando el promedio de edad en ese tipo de cargos es de 60.
Tres años después se instala en Santiago como subjefa de la División de Auditoría Administrativa, puesto clave para entender su situación actual. Desde ese cargo participó junto a Mendoza como contraparte técnica en varias comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, como la que indagó la reconstrucción después del terremoto, las irregularidades en las Becas Valech y el programa Orígenes de la Conadi, instancias en las que –afirman– dio muestras de su impecable dominio técnico en materia administrativa.

Pero solo permaneció en esta división hasta 2013, cuando por malas relaciones con su jefa, María Isabel Carril, dejó la Contraloría para asumir como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, en marzo de 2014. Al año siguiente, mientras la entonces subsecretaria Valentina Quiroga estuvo de vacaciones, fue subsecretaria subrogante.
Cuando Bermúdez se instala en la Contraloría, en diciembre de 2015, nombra a Pérez como subcontralora. Pero todo se derrumbó cuando el fiscal Eugenio Campos requirió la declaración como testigo de la abogada en el contexto de la eventual responsabilidad de dos funcionarios bajo su mando en la División de Auditoría Administrativa, Juan Munieres y Carlos Moreno, quienes supuestamente omitieron su deber de fiscalizar lo que sucedía en Carabineros y el millonario fraude que se cometió desde altos niveles de la policía uniformada. Desde el edificio ubicado en Teatinos 56 hacen un punto: fue la citación a declarar en calidad de testigo en el mayor caso de fraude a Carabineros, lo que llevó a Bermúdez a pedir la renuncia de la subcontralora. “Él no sabía de esto”, recalcaron.
Una fuente interna de Contraloría aseguró que Pérez “siente que su trabajo no ha sido del todo valorado, que hasta ahora la han mantenido en segundo plano, cuando ella considera que ha sido determinante en el buen funcionamiento del servicio y lo de la renuncia es en buena parte expresión de eso, siente que no merece este trato después de su desempeño leal”.
Desde Educación, Pérez estableció buenos lazos con el entonces ministro Nicolás Eyzaguirre, quien luego fue titular de la Segpres a la hora de negociar con el Senado el nombre del sucesor de Mendoza en la Contraloría. En octubre de 2015, fracasó la nominación del candidato del Gobierno, Enrique Rajevic, luego que la derecha no lo apoyara por encontrarlo proclive a la administración bacheletista y aprovechó una controversia sobre la restitución de los recursos de una beca estatal, para dejar caer su nombre.
Fue entonces cuando surgió el nombre de Jorge Bermúdez, apoyado por la entonces jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien lo conocía desde el mundo del derecho ambiental y por Dorothy Pérez, quien también le dio una buena opinión a Eyzaguirre como especialista en derecho administrativo.
Cuando Bermúdez se instala en la Contraloría, en diciembre de 2015, nombra a Pérez como subcontralora. Pero todo se derrumbó cuando el fiscal Eugenio Campos requirió la declaración como testigo de la abogada en el contexto de la eventual responsabilidad de dos funcionarios bajo su mando en la División de Auditoría Administrativa, Juan Munieres y Carlos Moreno, quienes supuestamente omitieron su deber de fiscalizar lo que sucedía en Carabineros y el millonario fraude que se cometió desde altos niveles de la policía uniformada. Desde el edificio ubicado en Teatinos 56 hacen un punto: fue la citación a declarar en calidad de testigo en el mayor caso de fraude a Carabineros, lo que llevó a Bermúdez a pedir la renuncia de la subcontralora. “Él no sabía de esto”, recalcaron.
Aunque en la investigación de la Cámara de Diputados, Bermúdez descartó de plano que Pérez tuviera relación con las negligencias que se investigan por parte de la Contraloría, teniendo en cuenta que su marido Fabián López es carabinero, en esta etapa en que el fiscal la llama a declarar no pudo defenderla y le pidió que diera un paso al costado. Pero la abogada se amparó en el artículo 4º de la Ley 10.336, que rige a la Contraloría, y se negó a renunciar.

Según la ley, “el Contralor General y el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. La remoción del Contralor General y del Subcontralor corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de inamovilidad que se siguen contra los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema”.
La misma ley agrega que “los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra autoridad”.
Por eso, apenas Dorothy Pérez anunció, mediante un correo electrónico, que seguirá en sus funciones, tal como confirma una simple búsqueda en Google, al linkear su nombre en el sitio institucional, quien aparece es María Soledad Frindt, nombrada por Bermúdez ayer.
Acerca de todo este inédito incidente, el contralor dijo que “no es bueno que autoridades aparezcan involucradas en casos judiciales” e insistió en que remover a la subcontralora es una facultad suya. Pérez, a su vez, insistió en lo contrario y, por eso, contrató al abogado Ciro Colombara para recurrir a la justicia.
La arriesgada carta que se jugó el contralor al nombrar, a menos de 48 horas de invocada la vacancia en la Subcontraloría, a la abogada Frindt, es seguida con atención en el Gobierno, ya que la advertencia de Dorothy Pérez de llegar a las más altas esferas judiciales abre la posibilidad a una eventual derrota de Bermúdez. Una que no solo puede ser jurídica, sino también política, lo que sin duda resquebrajaría el piso en el que camina hoy la autoridad fiscalizadora, lo que no es visto con malos ojos en La Moneda.
Si bien personas que conocen de cerca el trabajo de la máxima autoridad del órgano contralor afirman que nunca toma decisiones sin fundamento, la lectura política que se hace de su “movida” no es tal, al punto de cuestionar el no haber tanteado bien el terreno antes de pedir una renuncia que terminó por levantar una polvareda que no pensaron podía suceder. Para Bermúdez –destacan– “este es el peor de los escenarios de los que tuvo en cuenta a la hora de llevar a adelante el plan”.
La relación entre Bermúdez y el Gobierno de Piñera comenzó a tensionarse en abril y mayo, meses en los que su nombre se repitió en dos ocasiones con fuerza en los patios de Palacio y no con el mejor de los tonos.
Fue Bermúdez quien advirtió, en abril, de la demora de hasta seis meses para dar a conocer el dictamen de Contraloría sobre el nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Mandatario, como embajador de Chile en Buenos Aires. Las palabras del contralor fueron el factor que llevaron al Presidente a desistir finalmente de su decisión, pues el plazo consideraba un espacio demasiado amplio para mantener vacante un puesto de esa magnitud.

Una vez que La Moneda desistió oficialmente del nombramiento de Pablo Piñera, la Contraloría se pronunció oficialmente solo 18 días después, señalando que “en razón de lo expuesto, esta Entidad Fiscalizadora se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado”.
Después, en mayo, a través de otro dictamen, el contralor indicó que el protocolo de objeción de conciencia ingresado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, no se ajustaba a derecho. “Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”, sentenció el ente fiscalizador, en una posición abiertamente antagónica a lo planteado por La Moneda y por el Tribunal Constitucional (TC).
Acá se tocó una fibra importante al interior de Palacio, pues el caso arrastraba uno de los primeros errores no forzados del Ejecutivo, debido a que ni Santelices ni el jefe del segundo piso, Cristián Larroulet, informaron al Jefe de Estado de la determinación. A pesar de eso, en La Moneda en esos días insistían en estar seguros de que la interpretación de Bermúdez era errónea.
La historia de la relación de Bermúdez con los distintos poderes del Estado no finaliza ahí. En marzo, la Contraloría General protagonizó una contienda de competencia con la Corte Suprema, a raíz del caso por el régimen previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En la ocasión, el máximo tribunal del país había resuelto que a los funcionarios de la DGAC les correspondía transitar bajo el régimen previsional de Capredena, pero la entidad dirigida por Bermúdez, en diferentes dictámenes, aplicó el criterio bajo el régimen de las AFP.
Este caso es relevante en la trama que se desarrolla hoy en la Contraloría, porque Pérez pretende llegar hasta la Corte Suprema, a través de un recurso de protección, para lograr su objetivo de permanecer en el cargo de subcontralora.
Moreno cree que “fundamentalmente él (Jorge Bermúdez) está apuntando a que, cuando los tribunales tengan que interpretar artículos tres y cuatro, evidentemente él va a tener un elemento a su favor, esto, a pesar de la mala relación y la disputa que ha tenido con la Corte Suprema”.