Seremi de Gobierno y promulgación Ley de Registro Nacional de Mortinatos: “por el honor y recuerdo del hijo que ya no está”
El Presidente Sebastián Piñera firmó la Ley que crea el Registro Nacional de Mortinatos, que permitirá que madres y padres puedan, voluntariamente, sepultar con un nombre y apellido a un hijo que muere antes de nacer. La iniciativa fue valorada por la seremi de Gobierno, Pía Bersezio quien aseguró que con la medida se resguardará el recuerdo del hijo que ya partió, reparando en parte el dolor de la pérdida y permitiendo convivir de mejor forma el duelo.
“Nadie está preparado para un hecho tan doloroso como es la pérdida de un hijo, sobre todo cuando aún no ha tenido la oportunidad de nacer. Cada año, más de 2.000 familias viven esta realidad, producto de la muerte de un hijo en gestación o durante el parto. Por ello esta Ley será muy relevante para aquellos padres que han pasado por esta triste situación, por el honor y recuerdo de quien ya no está. En concreto la ley establece la creación de un catastro nacional en el Registro Civil en el que los padres podrán inscribir de forma individualizada a los mortinatos, con lo que ya no serán calificados como “N.N”, como ocurre en la actualidad, sino que tendrán nombre y apellido”. Explicó la seremi de Gobierno, Pía Bersezio.
Cabe destacar que el objetivo del proyecto es facilitar y dignificar el duelo de los padres cuyos hijos fallecen antes del nacimiento, y por lo mismo se hace cargo también de la situación de los padres que perdieron un hijo antes de nacer previo a la promulgación de la ley y que cuenten con un certificado médico de defunción, o de defunción y estadística de mortalidad fetal, quienes podrán solicitar su inclusión en el catastro y la individualización de su tumba.
El proyecto no conlleva ninguna modificación en el estatuto jurídico de las personas, no crea ni cambia derechos civiles ni de familia; no genera efectos en la filiación; ni considera como una persona al mortinato para efectos del Derecho Civil.
Finalmente destacar que la iniciativa fue despachado por el Congreso pasado 25 de julio, tras una votación unánime en la Cámara de Diputados.
