Huenchumilla destacó aprobación de proyecto que fortalece la integridad pública

Con el voto a favor del senador Francisco Huenchumilla se aprobó en general el proyecto que fortalece la integridad pública, creando mecanismos de solución para conflictos de intereses, la corrupción y la pérdida de confianza, a fin de evitar el desprestigio y el impacto social al ingresar a la función pública.

Al respecto, el parlamentario de La Araucanía puntualizó que la propuesta incorpora, como requisito general para ingresar a la administración del Estado, la obligación de solicitar al Servicio Civil un informe (no vinculante, pero si público) sobre el mérito personal y la idoneidad profesional del postulante, cuando éste sea cónyuge, conviviente civil o pariente de alguna alta autoridad nacional, regional o local; parlamentario; jefe superior de servicio o embajador.

Asimismo, el senador sostuvo que el cuerpo legal establece la inhabilidad para desempeñarse como Ministro, Subsecretario, jefe superior de servicio o directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, respecto de quienes hayan realizado actividades como lobbysta, ante el organismo al que pretenden ingresar, en los 12 meses antes de su nombramiento.

Además, el parlamentario DC indicó que el proyecto prohíbe a las personas que hayan ejercido altos cargos en entidades estatales, dentro del año siguiente a la cesación en sus funciones, prestar cualquier tipo de servicios, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de instituciones fiscalizadoras vinculadas con el organismo o institución en la que laboraban.

Finalmente, respecto al Congreso Nacional, Huenchumilla explicó que la iniciativa prohíbe el nombramiento, designación o contratación, de personas unidas por vínculos de parentesco o afectividad con Senadores, Diputados, Secretarios de ambas Cámaras u otros funcionarios que tengan poder de decisión en dichas contrataciones, mientras dichas autoridades se encuentren en ejercicio de sus cargos; y establece que, una vez que hayan cesado en sus funciones, los ex diputados y ex senadores tendrán prohibido realizar lobby o gestión de intereses particulares, por un período de un año.