Caso LAN y el trabajo de la moneda por controlar el efecto Armanet

Han sido días de dulce y de agraz para el Gobierno. Tras una criticada postura revisionista en el marco de los 45 años del golpe de Estado, este miércoles La Moneda se anotó un triunfo al lograr sacar adelante la Ley de Identidad de Género, bajo los márgenes que el propio Presidente Sebastián Piñera había definido. Una noticia que vino a calmar los ánimos al interior de Palacio, en donde habían estado inquietos debido a la baja en las encuestas y al resurgimiento del caso LAN.

El fantasma de una de las principales manchas en la hoja de vida del Mandatario, revivió luego de la publicación del libro del periodista Sergio Jara, Piñera y los leones de Sanhattan, el que recoge el testimonio del ex gerente general de la corredora de bolsa Banchile, Francisco Armanet, quien afirmó que guarda como prueba en una caja fuerte un CD con grabaciones telefónicas del año 2006 entre el hoy Presidente, su equipo de Bancard y los operadores de Banchile.

Información que fue confirmada por el díscolo y particular empresario en una entrevista de CNN, en la que además señaló que solo entregaría los audios si lo solicita un juez, ya que prefiere “proteger la función presidencial”. Palabras que han sido interpretadas como un “chantaje oportunista” por algunos personeros del oficialismo, mientras que desde otros sectores han remarcado la necesidad de conocer el detalle de los audios, porque “la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los actos que revelan las aptitudes y el carácter de quien conduce el Estado”, según destacó el analista y rector de la UDP, Carlos Peña, en su columna dominical en El Mercurio.

En La Moneda reinó el secretismo desde ese momento. Era lógico que las declaraciones de Francisco Armanet caerían pésimo en el núcleo del Jefe de Estado, tanto, que es un tema que desde entonces ha sido muy poco abordado y discutido en reuniones políticas del Ejecutivo, en el gabinete, como tampoco en el comité político con los partidos de Chile Vamos. La razón es simple: es el propio Presidente Piñera quien no quiere que se hable del tema, ni en Palacio, ni en su coalición y menos en los medios de comunicación.

En paralelo, aseguran que ha existido un despliegue no menor –tarea que se le habría encomendado a algunos funcionarios de Palacio– para deslegitimar puntualmente la figura de Armanet y, así, debilitar la credibilidad de sus dichos. Tratar de deslegitimarlo no ha sido tarea compleja, porque el otrora exitoso ejecutivo financiero efectivamente estaría pasando un mal momento económico, con más de una orden de embargo sobre su cabeza y esa situación allanó el despliegue de La Moneda para neutralizarlo.
El Mandatario se ha empecinado en dar vuelta la página del asunto, mal que mal, se trata de un episodio complejo, cuando fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por más de 600 millones de pesos por la compra, el año 2006, de acciones de LAN, empresa de la que Piñera era accionista. Las afirmaciones de Armanet literalmente para Piñera fueron un trozo de hielo por la espalda.

En el piñerismo duro reconocen que el Presidente no quiere que se toque el tema, porque “en su mente lo tiene solucionado, él siente que ya pagó pecuniaria y políticamente por ese caso y que es un tema cerrado”. Eso cuadra con la reacción pública que hubo en Palacio esos días: “Este tema quedó zanjado hace más de 10 años, si existen o no esas grabaciones no tiene ninguna relevancia, porque los hechos en todo su mérito fueron ampliamente investigados por la SVS”, sentenció la ministra vocera, Cecilia Pérez, el miércoles 5 de septiembre.

Entre quienes conocen al Jefe de Estado hace décadas, recalcaron que el caso LAN es de esos temas que Piñera no delega en nadie, que “lo maneja directamente él” y, a lo más, habla el asunto con muy pocos y da instrucciones puntuales en algunos terceros. Eso explica –agregaron– que ni los partidos de Chile Vamos ni sus parlamentarios recibieran instrucciones o bajadas comunicacionales al respecto, que tampoco se haya discutido del asunto en el comité político de los lunes en La Moneda y que en el resto del Gobierno solo impere el silencio, la expectación y, también, ciertas cuotas de preocupación.

“A nadie se le dijo nada y nadie dijo nada”, reconocieron desde el Congreso.

El silencio al interior del Ejecutivo ha sido tal, que la información no fue socializada ni siquiera con los ministerios sectoriales, “todo se zanjó entre cuatro paredes”, afirmaron en La Moneda, donde insisten en el argumento de que se trata de un asunto “del pasado que no merece mayor detención”. Eso sí, en Palacio reconocen que en el caso que el tema de las grabaciones llegue a escalar a la justicia de EE.UU, ahí “la cosa cambia”.

Eso, porque, si bien la causa está prescrito en Chile, la arista que involucra la SEC en Estados Unidos sigue vigente, lo que deja un flanco latente de riesgo para Piñera. Flanco que ha sido identificado por la oposición, por lo que ya se están tomando cartas en el asunto.

La decisión de evitar el caso LAN, de no hablar de ello y hacer como que no existe, no significa en lo absoluto que haya una indiferencia real en La Moneda sobre el tema. De hecho, desde el día en que Armanet dio la entrevista en CNN Chile, el 4 de septiembre, se puso en marcha un soterrado pero efectivo despliegue palaciego para neutralizar el asunto y que no creciera. Fuentes de Gobierno y también algunas cercanas a la administración piñerista confirmaron que, desde entonces, “se han hecho gestiones al más alto nivel” con ciertos medios de comunicación, precisamente para que el asunto quede fuera de la pauta informativa. Gestiones que en líneas gruesas han sido efectivas.

Varias fuentes consultadas, incluso en el Gobierno, explicaron que eso permitió poner el foco y “echar a correr el rumor” de que Armanet solo busca dinero con el tema de las grabaciones: “Eso es lo que se hace llegar a los medios”.

Pero fuentes consultadas a nivel empresarial y en medios de comunicación afirmaron que el ejecutivo financiero no ha pedido dinero por sus declaraciones y en el entorno gubernamental reconocieron que tampoco ha pedido nada a Piñera, lo que contrasta con las versiones que han lanzado algunos personeros del Ejecutivo para alimentar la estrategia del descrédito.

En Palacio no desmienten el despliegue para neutralizar a Armanet, aunque prefieren evitar el tema y se parapetan en la bajada comunicacional marcada por la vocera de bajarle el perfil al asunto, repitiendo que se trata de “un tema ya zanjado”. Lo mismo ocurre en el Congreso, donde parlamentarios de Chile Vamos sostienen que es “innecesario retomar” ese episodio.

Se insiste en que a nivel de encuestas el tema LAN no afectaría al Presidente, ya que está prescrito en Chile y “ya se lo han sacado demasiadas veces”. Pero el cuestionamiento apunta al eje ético –algo que siempre le molesta sobremanera a Piñera que le saquen en cara– y, a pesar del despliegue de neutralización que ha realizado La Moneda, el cerco igual se ha roto en algunos momentos. Declaraciones como las del ex SVS, Guillermo Larraín, quien aseguró que “en EE.UU. tú te vas preso” por casos como la compra de acciones de LAN, o las de Peña, en El Mercurio, cayeron como balde de agua fría en Palacio.

Para el analista comunicacional Carlos Correa, la estrategia asumida por La Moneda es correcta, porque el daño por el caso LAN “ya fue asumido por la opinión pública, es parte del inventario del personaje y la gente sabía por quién votaba (…) incluso, en ciertos grupos es ligeramente positivo, porque da la impresión de que puede hacer crecer el país”. Añadió que hasta ahora el caso no significa un mayor riesgo, pero que es indiscutible que el panorama cambiaría considerablemente si la grabación saliera a la luz: “No es mismo que escuchar la grabación”, ya que basta recordar el episodio de la Radio Kioto, donde más que el contenido, fue la forma en que Piñera se expresaba de Evelyn Matthei lo que lo golpeó.

“Si ese audio se llega a conocer, abre una enciclopedia de memes, una Wikipedia de memes y para el Gobierno, que está bien obsesionado con redes sociales, esto sería dañino. Ahí sí afectaría su imagen y su figura”, sentenció el analista.

Al interior de la oposición hay diversidad de posturas ante este asunto. Aunque todos concuerdan en lo “inaceptable” de la operación realizada por el Presidente Piñera, no existe un consenso sobre qué hacer con la información entregada por Armanet y respecto a su “veracidad e intenciones”.

Desde la ex Nueva Mayoría reconocen que no se pueden quedar de “brazos cruzados”, que hay un deber por velar que toda la verdad se conozca, pero recalcan que, mientras eso no ocurra, “no es mucho lo que podemos hacer. Más allá de patalear, esta pasada la ganó el Gobierno”.

Aún así, se han levantado voces criticando el proceder de Piñera. La arremetida ha sido liderada por los diputados del PC, Hugo Gutiérrez y Karol Cariola. Esta última indicó que si el Presidente “no tiene nada que temer, yo lo emplazo a que sea él mismo quien le exija al señor Armanet que la información se conozca y se presente”. No solo eso, Cariola apuntará directamente a la institucionalidad de Estados Unidos y hará llegar la información al mercado financiero y al Congreso de ese país, “ya que en EE.UU. este tipo de delitos no prescribe tan rápidamente como ocurre en Chile”.

Gutiérrez, en tanto, ingresó una denuncia al Ministerio Público, con el fin de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, investigue a pesar de que el delito ya estaría prescrito. “No es tolerable que un privado señale de manera tan categórica que tiene pruebas y antecedentes que involucren al Presidente de la República en la comisión de un ilícito y en este país es como si no pasase nada, como que todo pasase desapercibido, como que tuviese asegurada la impunidad”, recalcó el diputado.

En el Frente Amplio se encuentran estudiando las acciones a seguir y durante la última semana han tenido conversaciones con abogados especialistas en la materia para analizar la prescriptibilidad del delito. En este sector sería el diputado de Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, quien sacaría adelante una futura acción. “Por el bien de la democracia, el Presidente Piñera debería dar a conocer las grabaciones para despejar toda duda si fue advertido de estar cometiendo un delito y, aun así, dio la orden de comprar. La ciudadanía tiene derecho a saber si lo más relevante para la máxima autoridad del país son sus ganancias o el interés de todos. La confianza de las personas no tiene prescripción”, destacó Winter.
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