Senadora Aravena pide sensatez en votación de proyecto que rebajaría sueldos municipales
La parlamentaria explicó que disminuir en un 50% el sueldo de alcaldes y altas autoridades del Estado, obligaría hacer ajustes que podrían perjudicar las remuneraciones de más de 120 mil trabajadores en el país.
La Senadora de la Bancada de RN, Carmen Gloria Aravena, realizó un sensato llamado a los diputados que tendrán que votar el proyecto de Ley de reforma constitucional para reducir el monto de la dieta parlamentaria y de los sueldos de altas autoridades del Estado, para que éstos recuperen la cordura. Lo anterior, debido a que la moción legislativa obligaría a hacer ajustes que podrían perjudicar a más de 120 mil funcionarios públicos y municipales.
Al respecto, Carmen Gloria Aravena sostuvo que el legítimo proyecto que rebajará la dieta parlamentaria “debe ser trabajado con seriedad y sin populismos”, de manera de no perjudicar a los trabajadores del Congreso, ni a funcionarios públicos y municipales.
“Con este tipo de indicaciones, sin mayor profundidad respecto a los alcances que tendrán, podría perjudicarse a más de 120 mil trabajadores públicos y municipales en el país, quienes también podrían ver disminuidas sus remuneraciones. Estoy de acuerdo en reducir nuestra dieta, pero sin perjudicar a otros trabajadores. Espero que en la Cámara de Diputados prime la cordura cuando se vote este proyecto”, aseveró Aravena.
La parlamentaria explicó que en el Estatuto Administrativo Municipal, por ejemplo, se señala que la carrera funcionaria se inicia con el ingreso a un cargo de planta y se extiende hasta el cargo inmediatamente inferior al de alcalde, por tanto, si el jefe comunal disminuye su sueldo a la mitad, todos quienes al momento de publicación de la ley tengan una remuneración superior podrían ver disminuidos sus ingresos brutos a un grado menos que la primera autoridad comunal.
Cabe señalar que de acuerdo al Sistema de Información Municipal en la región de la Araucanía existe un total de 3.599 funcionarios municipales que pueden verse afectados, además de la dotación de funcionarios públicos (planta y contrata) que alcanza a unas 15.116 personas en la región.