Senador Quintana: “las trabajadoras de casa particular no pueden quedar fuera de los beneficios sociales ni de la seguridad social”
El Senado comenzó ayer la discusión del proyecto de ley del Gobierno que flexibiliza – transitoriamente- los requisitos de acceso y aumenta el monto de las prestaciones del seguro de desempleo de los trabajadores. Actualmente, 693.139 trabajadores se encuentran en régimen de pactos de suspensión, y en reducción de jornada existen otros 40.000.
La iniciativa legal permitirá acceder al seguro de cesantía a aquellos desempleados que hoy no pueden hacerlo porque no cumplen con el número de cotizaciones necesarias y que tienen fondos en su cuenta individual.
Además, se establece un mínimo de cobertura durante el período de suspensión del contrato de trabajo equivalente al 55% de la remuneración promedio del trabajador previa a la suspensión, lo que regirá desde el segundo hasta el cuarto mes de cobertura, sin distinguir entre trabajadores con contrato a plazo indefinido y trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado.
Consultado sobre este tema, el senador Jaime Quintana expresó que si bien la iniciativa representa un avance para que los trabajadores afectados por la pandemia mejoren sus ingresos, es insuficiente. “Sin duda es un aporte, pero el país necesita con urgencia mejorar el sistema de protección social. Es el Gobierno quien tiene las atribuciones para modificar o mejorar el sistema, por sí solo el Congreso no tiene la facultad de hacerlo. No corresponde que los costos de la crisis lo estén asumiendo las y los trabajadores”, detalló.
A continuación, añadió que “tenemos que hacer un llamado al ejecutivo a ir un poco más allá e incorporar protecciones adicionales. Los adultos mayores pensionados que trabajan no tienen acceso al seguro de desempleo, tampoco los trabajadores de taxis colectivos, hay sectores que no están incluidos en esta ley. Pero, además, tampoco hay seguridad de que puedan recuperar sus empleos una vez pasada la pandemia”.
Por otro lado, el legislador apuntó a la situación de las y los trabajadores de casa particular: “la realidad de estas trabajadoras es dramática, porque no están incorporadas al seguro de cesantía, tienen un seguro a todo evento que es irreal porque muchísimas de ellas han trabajado por años en la informalidad, sin cotizaciones. Incorporar en esta legislación la posibilidad de que accedan al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un avance, pero en ningún caso es suficiente. Las trabajadoras de casa particular no pueden quedar fuera de los beneficios sociales ni de la seguridad social”.
El proyecto de Ley también aumenta el plazo de vigencia de los pactos de reducción. En el caso de la reducción de jornada, con una duración de 10 meses, el proyecto propone, pensando en el distanciamiento y el retorno paulatino al trabajo, que se extienda hasta el 31 de julio del próximo año.
