Senador Huenchumilla desmiente “falta de legislación” para combatir la delincuencia: apunta a “amplio margen” para técnicas intrusivas y acusa fallos de “aspectos operativos, de gestión y coordinación” en policías y el Ejecutivo
“Si el gobierno desea perfeccionar las normas, estamos disponibles para ello. Pero no es aceptable que se rebaje el nivel del debate (…) responsabilizando del fracaso de su lucha contra la delincuencia a la oposición”, fustigó el parlamentario DC.
A través de una columna de opinión dada a conocer en medios de prensa, el senador Francisco Huenchumilla (DC) desglosó su tesis de que el fracaso en el combate a la delincuencia no encuentra explicación en una supuesta “falta de legislación” –como suelen apuntar, a su juicio, personeros del gobierno y la derecha–, sino en “problemas e insuficiencias” que se dan en aspectos “operativos, de gestión y de coordinación”, apuntando a un fracaso de gestión política del gobierno.
Según el senador, la imputación que hace la derecha “regional, nacional y de personeros del gobierno”, se dirige principalmente a la falta de legislación en materia de servicios de inteligencia, y donde el oficialismo, que trata de “blindar a su gobierno”, responsabiliza de la situación a los parlamentarios de oposición. “Todo esto es falso”, adelantó en su columna.
“Desconocimiento”
El senador apuntó entonces a un “desconocimiento” sobre la inteligencia “en democracia”, “por las experiencias traumáticas vividas durante la dictadura (…) en los regímenes democráticos es otra cosa. Se trata de tener bien informada a la autoridad que debe tomar decisiones (…) todos los países democráticos tienen Servicios de Inteligencia, sujetos a la legalidad”, expresó.
Huenchumilla explicó también que existe “inteligencia investigativa, respecto de los delitos cometidos, o preventiva, para evitar la comisión de hechos delictuales” y que la información “puede buscarse en fuentes abiertas (medios de comunicación, bibliotecas, publicaciones reuniones, organismos públicos), o fuentes cerradas (reservadas, protegidas, clandestinas)”.
En este contexto, Huenchumilla explicitó que para acceder a fuentes cerradas, es necesario el uso de “técnicas intrusivas”, y “a contrapelo del discurso de personeros de la derecha”, presentó una síntesis de las normas existentes, que permitirían a su juicio combatir eficientemente el narcotráfico, el terrorismo o crimen organizado.
La legislación
El parlamentario se adentró: “en materia de Narcotráfico, el Artículo 22 (de la Ley 20.000) (…) contiene la figura de las entregas vigiladas o controladas (…) El Párrafo 2º (art. 24) se refiere a la restricción de las comunicaciones y otros medios técnicos de investigación, pudiendo retener o incautar correspondencia, obtener copias de comunicaciones o transmisiones, interceptar comunicaciones telefónicas y uso de otros medios técnicos de investigación. El Párrafo 3º establece la figura del agente encubierto, el agente revelador y el informante”.
Luego, en materia de inteligencia del estado, el senador señaló que el Artículo 24 de la Ley 19.974 permite “a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales, y de la correspondencia en cualquiera de sus formas; b) La intervención de sistemas y redes informáticos; c) La escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual, y d) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información (…) Los artículos 31 y 32 se refieren a la utilización de los agentes encubiertos e informantes”, explicó.
Asimismo, Huenchumilla explicó que la Ley Antiterrorista permite “interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y telegráfica” del imputado sujeto a prisión preventiva; y que el Artículo 226 Bis del Código Procesal Penal permite la “a) interceptación, grabación y registro de comunicaciones telefónicas; b) fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes; c) entregas vigiladas y controladas; d) agentes encubiertos e Informantes; y e) agentes reveladores”, para delitos sobre la Ley de Control de Armas, Ley del Tránsito y distintos tipos de robos y hurtos.
En específico, explicó el senador, estos delitos de robo y hurto contemplan: el robo en lugar no habitado; el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público; si con ocasión de estas conductas de produce interrupción o interferencia de suministro de servicios públicos o domiciliarios; en el caso de robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero; hurto de cosas que formen parte de las redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios; abigeato; receptación, robo con violencia o intimidación; piratería; robos de otra naturaleza, con violencia o intimidación, y robo con fuerza en las cosas, en lugar habitado o destinado a la habitación y sus dependencias.
Conclusiones
“El problema, en consecuencia, no es la falta de legislación para que los Servicios de Inteligencia Policial puedan combatir la delincuencia mediante el uso de técnicas intrusivas especiales de investigación o de búsqueda de información, sino que, más bien, los problemas e insuficiencias hay que buscarlos, al parecer, en los aspectos operativos, de gestión y de coordinación”, señaló el senador.
“Si el gobierno desea perfeccionar estas normas, estamos disponibles para ello, pero lo que no es aceptable es que se rebaje el nivel del debate en un tema tan sensible e importante para la seguridad pública, responsabilizando, por parte del gobierno y de su coalición, del fracaso de su lucha contra la delincuencia, a la oposición y a una supuesta falta de legislación. Esto demuestra nada más, el fracaso de la gestión política del Gobierno”, puntualizó.
