Los puntos intransables del Gobierno que quedaron fuera del aula segura
El Ejecutivo declaró, desde el comienzo de la discusión, como intransables de su proyecto, la expulsión inmediata del estudiante como sanción, y que esta fuera una obligación del director y no una facultad.
El proyecto aprobado elimina la expulsión inmediata y obligatoria, faculta al director para suspender al estudiante investigado y establece solo la obligación de iniciar un procedimiento ante hechos graves contra la convivencia escolar, la que podrá o no terminar en una expulsión.
El proyecto original, obligaba al Director del Establecimiento a expulsar de manera inmediata, el actual Faculta al Director a suspender al estudiante como una medida cautelar para separar al alumno mientras dura el procedimiento.
Versión original limitaba la expulsión a dos causales, referidas a infracciones a la ley de armas y a lesiones graves. El actual respeta las causales de expulsión establecidas en los reglamentos internos, e incorpora a ellos las dos causales que establecía el proyecto sancionando agresiones de carácter sexual, entre otras.
La propuesta del gobierno solo condenaba hechos cometidos por estudiantes, el modificado en el congreso, amplía las causales a hechos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes y asistentes de la educación, entre otros.
En un principio solo reconocía como víctimas a profesores, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, tras la modificación reconoce como víctima a cualquier miembro de la comunidad educativa, incluidos los estudiantes.
La expulsión era sumaria, sin procedimiento previo, sancionando y luego abriendo una eventual reposición de la medida. Sin garantías al debido proceso, finalmente la propuesta es que si se determina la expulsión, esta debe ser siempre el resultado de una investigación, que debe presumir la inocencia del estudiante, estableciendo un plazo de 15 días en que se deben respetar las garantías al debido proceso.
La propuesta del gobierno es que esta ley aplicaba solo a colegios con aportes públicos y particulares pagados. aplicándose solo a los primeros, otra de las modificaciones es que termina con la discriminación y se aplica a todo el sistema escolar.
Finalmente se denominaba como “Proyecto de Ley que Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica” y después de las modificaciones el nombre del proyecto es, ”Proyecto de Ley que Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar”.
