Lo que se espera tras el rechazo del TC al retiro del Fondo de Pensiones
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inaplicabilidad de inconstitucionalidad respecto a causas presentadas por la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda y de la trabajadora de la salud en Punta Arenas, Beatriz Valenzuela, quienes exigían la entrega total de sus fondos previsionales administradas por la AFP.
El vocero nacional y líder de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, dijo creer que la votación unánime de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó los recursos de inaplicabilidad presentados por dos mujeres que buscaban retirar los fondos de sus AFP “generará una agudización” de la crisis social que enfrenta Chile desde el pasado 18 de octubre.
Las solicitantes eran María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta, quien buscaba retirar su ahorro previsional desde Cuprum, y Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal y que quería todo su dinero ahorrado en Hábitat.
La decisión fue tomada por la presidenta del TC, María Luisa Brahm Barril, y los ministros Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez, María Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández González.
Para Mesina, la decisión del TC “es una cosa francamente increíble” que “generará una agudización del conflicto social en Chile”.
“No existiendo seguridad social en el país, lo que parecía razonable era que se acogiera el requerimiento que hacía la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, sostuvo el líder de No+AFP, organización que por varios años ha encabezado una lucha para terminar con el sistema privado vigente, de capitalización individual a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), y que representa a las afiliadas en sus casos.
“La demanda por AFP es la demanda más sentida y creo que esto no hace más que reiterar que estamos en un país que no cambia absolutamente en nada, que seguimos prisioneros de una institucionalidad construida en la dictadura, perfeccionada por los gobiernos de la Concertación”, concluyó el dirigente.
Creado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema chileno acumula críticas por los bajos montos de las pensiones que paga a quienes se jubilan, aunque los afiliados cotizan mensualmente el 10 por ciento de sus salarios a las AFP, que acumulan fondos por varios cientos de millones de dólares.
