Las modificaciones a las asignaciones que reciben los parlamentarios

Casi 30 materias abarcan las asignaciones parlamentarias que se encuentran vigentes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Desde fondos para dar propinas -en casos excepcionales-, como para oficinas móviles hay en la lista de asignaciones a disposición de los parlamentarios para que financien el ejercicio de su labor legislativa.

Según la premisa estipulada en las últimas resoluciones del Consejo de Asignaciones, en el uso de estos recursos debe haber un criterio de austeridad. Sin embargo, la polémica por el pago de viáticos nacionales a los congresistas y las inconsistencias detectadas en la Cámara, han provocado que esta normativa, a pocos meses de ser modificada en mayo pasado, se enfrente a duros cuestionamientos.

Fuentes ligadas al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias dicen que la posibilidad de que este marco regulatorio sufra nuevas modificaciones en el corto plazo es una idea que ronda en el Congreso. Durante esas semanas de controversias, los congresistas protagonizaron mea culpas y varios buscaron devolver recursos. Sin embargo, también hubo defensas respecto de la necesidad de contar con esas asignaciones para el trabajo legislativo, como el diputado y vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet, quien validó el pago de $ 193.000 mensuales que los congresistas pueden recibir por el desgaste de sus vehículos.

Parlamentarios exponen, además, que los viáticos y otros beneficios consagrados en las asignaciones son amparados por derecho constitucional, toda vez que se homologa a los parlamentarios con el rango de ministro de Estado. Se ha señalado, además, que todas las reparticiones públicas poseen una escala de viáticos que solventa gastos cuando los funcionarios deben salir en comisión de servicio.

Los argumentos de quienes buscan limitar los beneficios, en tanto, apuntan a que, a diferencia de la mayoría de los organismos del Estado, los parlamentarios son parte de una de los pocas reparticiones públicas que la Contraloría no fiscaliza, y que su control queda a juicio de instancias donde sus miembros son elegidos por los propios parlamentario e integradas por ellos: Comisión de Ética, Comité de Auditorías Parlamentarias o la activación de sumarios administrativos impulsados por sus propias mesas directivas.

Varios parlamentarios han reconocido desconocer la normativa que regula el pago de estas asignaciones, percatándose de que han recibido recursos en exceso por casi todo el periodo de 2018.

A tres semanas de que fueran detectados algunos pagos abultados, el Comité de Auditoría Parlamentaria recién podrá comenzar la revisión en los próximos días. Esto, porque la Comisión de Régimen Interno no había delimitado los parámetros de la auditoría sino hasta la semana pasada: se hará desde marzo hasta la fecha y considerará a todos los diputados.