La Moneda comienza a marcar distancia del general Soto

La primera grieta que se abrió en la relación entre el general director de Carabineros, Hermes Soto, y La Moneda se materializó el lunes 3. Ese día, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, citó a una reunión de emergencia a la máxima autoridad de la policía uniformada y a los cinco generales inspectores de su Alto Mando. La reunión se originó tras la molestia que provocó en el Ejecutivo un video filtrado el día anterior en que uno de los ex Gope -imputado por el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca y que se encuentra en prisión preventiva en una comisaría- aseguraba que hubo gente dentro de la institución que “los había hecho mentir” a la fiscalía.
En el encuentro, que encabezó el propio Presidente Sebastián Piñera -al que se sumaron Chadwick y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla- y en el que también estaba presente el entonces general inspector de Orden y Seguridad, Christian Franzani, a quien se terminó pidiendo la renuncia el viernes 7 por “falta de control eficiente que hubiera permitido información fidedigna”, según se lee en el oficio de dimisión, solamente hablaron dos asistentes: el Mandatario y Soto.
La cita tuvo un sabor amargo no solo para Soto, sino que también para La Moneda. Hace ocho meses -en la primera decisión política importante desde el regreso de Piñera a La Moneda-, el Mandatario ungió al general como jefe máximo de Carabineros tras la abrupta caída de su antecesor, Bruno Villalobos, quien anticipó su renuncia al cargo el primer día del gobierno, en medio de cuestionamientos a su rol en la denominada Operación Huracán, en la que se investiga fabricación de pruebas para inculpar a líderes mapuches en atentados terroristas en La Araucanía por parte de personal de Inteligencia de Carabineros.
No ha pasado un año y una nueva crisis, asociada al conflicto mapuche, estallaba de nuevo al interior de la policía uniformada. Fuentes de La Moneda comentaron el tenso ambiente de la cita, en la que la voz del Mandatario se hizo escuchar con fuerza. “No está en discusión el apoyo que el gobierno tiene hacia Carabineros, pero en esta situación ustedes tienen responsabilidades”, enrostró Piñera a los uniformados. “No vamos a aceptar este tipo de conductas”, remató.
Soto, el subdirector de la policía uniformada, Álvaro Altamirano, y los generales inspectores Fernando Riveros, Fernando Petit, José Rivera Aedo, Kurt Haarmann y Christian Franzani entendieron que ya no existía más espacio para errores y los oficiales se retiraron con la orden presidencial de volver a reconstruir una vez más cada detalle de lo ocurrido tras la muerte de Catrillanca. “Sí, Presidente, nos vamos con una misión clara”, dijo Soto.
Pocas horas antes, Chadwick ya le había pedido a Hermes Soto un sumario administrativo al interior de Carabineros para determinar por qué el exsargento Carlos Alarcón pudo ingresar una cámara de video y por qué señala que lo “hicieron mentir”.

El miércoles 5, el general director llegó nuevamente a La Moneda, en una escena que se hizo recurrente a diario la semana pasada. Esta vez, Soto entregó al ministro Chadwick y al subsecretario Ubilla una minuta en la que estaba una pormenorizada cronología de los hechos vinculados al accionar de Carabineros desde que falleció Catrillanca.
El documento terminó por sellar la suerte del general Franzani, al revelarse los detalles de sus reuniones con los principales imputados por el homicidio del comunero mapuche que no estaban en conocimiento de La Moneda y, según aseguró el mismo Soto, tampoco de él.
Esa desinformación trajo costos para el propio general director, ya que también comenzó por primera vez a esbozarse en las más altas esferas de Palacio la posibilidad de removerlo no por sospechas de estar implicado en alguno de los episodios que trataron de ocultar el asesinato de Catrillanca, pero sí por -de acuerdo a un alto personero de La Moneda- aún mantenerse en la estructura de los uniformados “viudos” del exgeneral Bruno Villalobos que le podrían estar ocultando información.
Con todo, en círculos oficialistas comenzó a surgir el nombre del general Haarmann -exedecán de Chadwick- como carta de sucesión.
La minuta en cuestión terminó por convencer a La Moneda de intervenir las futuras decisiones de Soto, quien desde ese momento ha tenido que concurrir diariamente a la sede de gobierno y visar cada una de sus decisiones con el subsecretario Ubilla.
“¡Ustedes son Carabineros de Chile! ¡Ustedes trabajan para darles seguridad a millones de chilenos!”. Con esas palabras, el entonces general inspector de Orden y Seguridad, Christian Franzani, hizo arribo cerca de la 1 AM del jueves 15 a la 2° Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque.
En el lugar, una decena de efectivos de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) esperaba intranquilo. Ya un grupo había partido, hacía una hora y media, hasta la Fiscalía de Collipulli a declarar tras la muerte de Catrillanca.
A las 19 horas, el fiscal Enrique Vásquez había citado a los partícipes del operativo policial en que murió el comunero mapuche para testificar sobre lo ocurrido en Temucuicui después del robo de autos a cuatro profesoras de la Escuela Santa Rosa, en Ercilla.
Al llegar, Franzani -el uniformado de más alto rango que arribó esa noche desde Santiago a La Araucanía en compañía del abogado Alejandro Sobarzo- se reunió con los mandos locales, entre ellos el general de Orden y Seguridad de esa zona, Mauro Victtoriano, y el prefecto de Fuerzas Especiales coronel Iván Contreras.
Pero lo que indignó a La Moneda, y que fue parte del contenido de la minuta entregada por Soto el miércoles 5 a Chadwick y Ubilla, fue el encuentro que esa madrugada protagonizó Franzani con los cuatro carabineros actualmente imputados por homicidio y obstrucción a la investigación de la muerte de Catrillanca.
La reunión -según la información proporcionada por Soto- se produjo entre las 3.00 y las 4 A.M. del jueves 15 de noviembre, y durante ella Franzani hizo una suerte de arenga a los uniformados.
Las palabras del general fueron pronunciadas en la propia Fiscalía de Collipulli, donde el aún general se reunió con los cuatro sargentos del Gope que iban en la tanqueta que participó del operativo en el que murió el comunero mapuche y que hoy están en prisión preventiva: Carlos Alarcón, Raúl Ávila, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda.
La versión de Carabineros -que aparece detallada en la minuta que Hermes Soto entregó al gobierno- es que Franzani habría ido a dar “apoyo” a los uniformados.
Las sospechas de la fiscalía y de La Moneda recaen no solo en la reserva en la que se había mantenido la cita de Franzani, sino que también en la inusual hora en que esta se produjo. Más aún, porque en esos instantes solo habían declarado dos de los Gope implicados en el operativo, Sepúlveda (quien inició su declaración a las 0.08) y Valenzuela (quien hizo lo propio a la 1.50), pero no lo habían hecho aún los sargentos que habían disparado contra el tractor que conducía Catrillanca y en el que, además, se desplazaba un adolescente de 15 años que fue detenido.
Según el expediente, el interrogatorio a Alarcón comenzó a las 3.45 horas, mientras que Ávila (quien dijo haber destruido la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que portaba en su casco al momento del operativo) empezó a declarar a las 5.15 horas de ese día.
Esas no fueron -sin embargo- las únicas diligencias que realizaron miembros del Alto Mando en las horas inmediatamente posteriores a conocerse la muerte de Catrillanca.
Según ya estableció la fiscalía, la tarde de ese miércoles 14, tras constatarse la muerte del comunero en el Cesfam de Ercilla, se produjeron varios llamados entre el general Victtoriano y Franzani.
Al interior de Carabineros desdramatizan el activo rol de este último ante la crisis producida en Temucuicui, debido a que cada vez que hay un tema complejo que involucre a Fuerzas Especiales y de Orden, es él quien viaja para afrontar las contingencias.
Pese a ello, la fiscalía ya decidió que citará a declarar al general (R) Franzani por estos hechos. Lo que aún no decide el equipo que dirige el fiscal Roberto Garrido es en qué calidad lo hará.
Hasta el momento, dicen fuentes de la indagatoria, sería como testigo, debido a que un nuevo testimonio del exsargento Alarcón -autor confeso de los disparos a Catrillanca- entregado esta semana apunta al abogado civil de Carabineros, Cristián Inostroza Quiñiñir, quien acompañó a los Gope en las declaraciones en que renunciaron a su derecho a guardar silencio y que, además, fue interrogado esta semana por el Ministerio Público como imputado, como quien los habría instado a faltar a la verdad en sus primeras declaraciones ante la fiscalía. El profesional fue desvinculado de la institución el viernes 7, junto con la salida de Franzani.
Hasta ahora, son 11 los uniformados -entre ellos dos generales- que han sido removidos de sus cargos por la crisis generada en La Araucanía. El destino de dos de ellos -el general Victtoriano, que declaró esta semana como imputado, y el coronel Iván Contreras- se selló luego de conocerse una reunión que encabezaron a las 21 horas del miércoles 14 de noviembre con los cuatro sargentos del Gope involucrados en el operativo de Temucuicui cuando aún Franzani no llegaba a la zona.
En la minuta que entregó Soto a La Moneda la máxima autoridad de Carabineros calificó el encuentro de “imprudente”, porque el fiscal Vásquez trataba de ubicar incansablemente al mayor Manuel Valdivieso -jefe de los Gope quien será en los próximos días citado a declarar como imputado- y al subprefecto de la Prefectura de Fuerzas Especiales José Correa para que los sargentos fueran a declarar, diligencia a la que se presentaron recién pasada la medianoche. El viernes 7, Valdivieso y Correa se sumaron a la lista de uniformados a los que La Moneda ha pedido la renuncia en este caso.
Mañana, a las 14 horas, Soto llegará nuevamente a La Moneda para una reunión con Chadwick y Ubilla. En la ocasión, el subsecretario le entregará al general director una serie de medidas administrativas para solucionar la crisis que se ha generado en Carabineros tras la muerte de Catrillanca.
Fuentes de La Moneda adelantaron a Reportajes que la primera decisión apuntará a la injerencia directa que tendrá Ubilla en todas las decisiones administrativas que se tomen en Carabineros.
Además, se creará una Unidad de Denuncias de Conductas Indebidas de Carabineros, una nueva instancia en que, de forma anónima, los uniformados podrán denunciar a sus mismos pares cuando sospechen o tengan conocimiento de que están cometiendo conductas fuera de la ley.
También se profundizará la formación de Carabineros en materia de derechos humanos, para lo que se aumentarán las capacitaciones en este tema y el gobierno dará un rol activo al Instituto de Derechos Humanos para definir el programa que se presentará en las clases en la Escuela de Carabineros.
En una señal directa a la cuestionada actuación de los uniformados en La Araucanía, La Moneda decidió capacitar en temas de multiculturalidad a los efectivos que cumplen labores en esa zona.
Un capítulo clave de la cita de Soto con las principales autoridades de Interior apuntará a las medidas de seguridad que se tomarán en la zona de conflicto mapuche. La idea de Carabineros -según adelantó a La Tercera el sábado 8- será poner en discusión la permanencia del Gope, el denominado Comando Jungla, en la “zona roja” -Ercilla, Angol y Collipulli-. En La Moneda, sin embargo, sostuvieron que esa posibilidad solo será autorizada si los uniformados son reemplazados por otros efectivos de Fuerzas Especiales.
La crisis con Carabineros también afectó la relación entre parte de Chile Vamos y La Moneda.

La primera señal de molestia se dejó ver a primera hora del lunes 3, durante el comité político que reúne a los ministros de Palacio con las directivas de los partidos oficialistas. Quienes participaron de la cita dicen que se trató de un encuentro tenso, donde el presidente de RN, Mario Desbordes, y el jefe de bancada de senadores de la UDI, Víctor Pérez, cuestionaron el actuar del Ejecutivo respecto de Carabineros y pidieron que se entregara el máximo respaldo a la institución.
“A la fecha, lo único que tenemos son cuatro carabineros presos”, señaló el senador Pérez. Parte de su reclamo apuntaba a que en la zona se siguen cometiendo delitos, sin embargo, quienes se encuentran privados de libertad son los encargados de resguardar la seguridad de la zona.
El titular de Interior -dicen quienes participaron del comité- contestó las críticas y aclaró que el respaldo de Carabineros jamás ha estado en duda, sin embargo, agregó que en La Moneda no se van a “amparar conductas de Carabineros fuera de la ley”, asegurando que han existido negligencias graves tras la muerte de Catrillanca.
Pero la UDI quiso dejar en claro su postura frente a la situación y, tras la dura reunión del lunes de Piñera con el Alto Mando de la institución, el martes 4 a las 12 del día, la UDI acudió a la Dirección General de Carabineros para entregar su respaldo a Soto.
Consciente de las inquietudes oficialistas, el Presidente Piñera cerró la semana con un gesto a la policía uniformada: “Quiero expresar mi gratitud y mi aprecio a Carabineros de Chile y, por supuesto, condenar con toda fuerza a esos pocos que se apartan de su juramento”, señaló.
Reportaje La Tercera