Gobierno y la DC logran acuerdo para reintegración en reforma tributaria
Tras varias semanas de negociación sigilosa y varios borradores rechazados por parte de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en Teatinos 120 se concretará hoy domingo la firma de un protocolo con una serie de condiciones acordadas entre la colectividad que preside el diputado Fuad Chahin y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la que se sumarán el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, y las directivas de la Conapyme, la Asociación de Emprendedores (Asech) y la Multigremial de Emprendedores, y que destraba la principal medida de la reforma tributaria, que es la reintegración del sistema.
El documento viene a ser la formalización de las negociaciones que permitieron a Hacienda lograr el respaldo DC a la idea de legislar en mayo y luego de 11 meses de ingresada la iniciativa al Congreso, y sobre las que la colectividad venía presionando en cada sesión que se discutía la reforma, sin respuesta de Hacienda, puesto que las indicaciones, en particular las que abordan las compensaciones para reintegrar, la norma propyme y los recursos destinados para regiones, no ingresaban.
Esto generó la molestia de la colectividad, al punto que los dos legisladores falangistas de la Comisión de Hacienda –Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz- comenzaron a rechazar y a abstenerse en la mayoría de los numerales del artículo 1 actualmente en discusión, lo que adelantaba un negativo panorama para cuando se comenzara a discutir el artículo 2, donde viene la reintegración, denominada por el gobierno como el “corazón” de la iniciativa y sobre el cual pendía la amenaza de rechazo.
Así, las gestiones comenzaron a acelerarse. El lunes 17, Felipe Larraín recibió al diputado Lorenzini, sin lograr mayores avances; el martes Gonzalo Blumel –luego de la reunión con las bancadas de RN y la UDI en La Moneda y la cita del Presidente Piñera con sus ministros económicos para abordar la reforma tributaria y la de pensiones- volvió a la carga en el Congreso con Lorenzini, quien le habría señalado que esperaba un compromiso “más concreto” de Hacienda en materia de compensaciones y regiones.
Ese mismo miércoles –día en que el Ejecutivo solo ingresó las indicaciones que regulan la tributación entre las partes relacionadas con vínculos familiares- el otro diputado DC de la Comisión, José Miguel Ortiz, le manifestó a Chahin “no estar convencido” de votar a favor de la reintegración, mensaje que llegó a Hacienda y que generó que se concretara un intercambio de borradores hasta el texto que se firmará hoy.
Con todo, el pacto dentro de la DC no sería unánime. Varios diputados falangistas no están de acuerdo con que se incluyera la reintegración como compromiso en el protocolo, e insisten en que es necesario que el Ejecutivo ingrese las indicaciones negociadas.
De hecho, el diputado José Miguel Ortiz señaló a propósito del documento que “hay que insistir en que el gobierno envíe las indicaciones a la comisión”, enfatizando que “no es prioritario andar haciendo borradores de protocolos”. En esa línea, anunció que en julio -cuando se inicie la discusión de la reintegración- “evaluaremos si se avanza hacia un sistema tributario más progresivo”.
Otro punto que amenaza la validez del documento es que no cuenta con el respaldo de los senadores DC, que también se han planteado críticos de la reintegración. Sin embargo, la apuesta de La Moneda es que el protocolo sea lo suficientemente convincente para acotar el espacio para que los senadores se opongan.
Los acuerdos
Según el borrador al que tuvo acceso La Tercera, el texto se divide en dos partes. El primero, con el marco general que permitió el respaldo DC a la idea de legislar, en el que se reitera la coincidencia con Hacienda respecto de los principios de no reducir la carga tributaria, afectando las arcas fiscales; mantener la progresividad del sistema tributario; no debilitar la institucionalidad tributaria; e impulsar el crecimiento económico.
En la segunda parte, bajo el rótulo de marco específico, se acuerda -en lo fundamental- el 100% de la reintegración del sistema tributario en base a retiros, sujeto a medidas especiales de control y fiscalización y que el Ejecutivo determinará “en forma específica y clara” las compensaciones fiscales. Estas, en su conjunto serán de “a lo menos US$ 400 millones anuales en términos netos”, citando como medidas compensatorias el control del market maker, de las operaciones back to back en grandes empresas, limitación de los retiros desproporcionados por ISFUT, límite a los umbrales que gravan a las operaciones extranjeras y la incorporación de la Norma Antielusión para retiros desproporcionados.
Respecto de las medidas a favor de las regiones, se establecería un aporte de las empresas equivalente al 1% de los nuevos proyectos de inversión sobre US$10 millones que generen externalidades negativas,mediante un mecanismo de compensación interregional (con distribución 1/3 región, 1/3 municipio y 1/3 fondo común).
También se realizan ajustes al concepto de gasto necesario para producir la renta y no se aceptarán, por ejemplo, gastos extraños a la naturaleza del giro empresarial, aquellos propios del dueño o con origen en comportamientos dolosos.
En materia de pymes, se insiste en la Cláusula Pyme, pero recogiendo elementos del 14 ter: un sistema simplificado integral, con contabilidad simplificada para empresas con ingresos de hasta 75 mil UF anuales, pudiendo entrar y salir con un efecto prorrateado en 10 años. Sobre las contribuciones que pagan los adultos mayores, se proponen topes según reavalúos fiscales y no por IPC.
El borrador plantea que se establecerá una comisión bipartita entre la DC y el Ejecutivo para materializar los acuerdos.
