Gobierno suspende consulta indígena y evalúa cancelarla definitivamente

El viernes de la semana pasada, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, se trasladó hasta la Contraloría para reunirse con Jorge Bermúdez.

El objetivo fue consultarle sobre los procedimientos a seguir para poder suspender la consulta indígena, con la que el Ejecutivo buscaba viabilizar la modificación a la Ley Indígena.

Si bien el gobierno había anunciado la idea de detener momentáneamente el proceso -que se encuentra obligado a realizar debido a que el Estado de Chile se encuentra suscrito al Convenio 169 de la OIT-, hasta ahora eso no se había concretado. Así, el secretario de Estado firmó este jueves una resolución exenta, que no requiere ser aprobada por la Contraloría y que establece la suspensión del proceso por 15 días, la que será renovada en dos ocasiones más, hasta cumplir 45 días.

Bajo este escenario es que por primera vez el gobierno no solo decide suspender la consulta indígena, sino que, además, plantea la opción de cancelarla definitivamente si es que -luego de que transcurran los días de análisis- ratifican que hay una falta de “representatividad”.

“Vamos a ver si hay esa disposición en los principales dirigentes indígenas para ver si continuamos o no después de los 45 días o derechamente la suspendemos, la dejamos sin efecto y el día de mañana comenzaremos otro proceso”, dijo a La Tercera el jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (Ucai) del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Arenas.

La consulta consta de cinco etapas y recién el gobierno va en la primera, que corresponde a la de planificación, fase en la que se hacen encuentros para informar cuáles son las materias a consultar.

En este caso, el Ejecutivo propuso 11 temas a discutir para ser modificados en la Ley Indígena, entre los que se plantean permitir la realización de contratos de arriendo, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años, y la venta de tierras indígenas entre indígenas a partir de los cinco años contados desde su entrega. Y son, precisamente, algunas de estas materias las que son ampliamente rechazadas por algunas comunidades indígenas.

En ese sentido, Arenas sostuvo que “lo primero que vamos a ver es cómo reducimos la lista de los temas a discutir; 11 es demasiado, por lo tanto, vamos a reformular esas propuestas”. Además, explicó que, a partir de eso, “vamos a tratar de estudiar en terreno la factibilidad de que estas se puedan desarrollar de buena fe”. Así, aseguró que “el convenio de la OIT pide un ambiente que tiene que ser de buena fe, de diálogo y, especialmente, tiene que hacerse con el espíritu de llegar a acuerdos. Y, por supuesto, cuando hay violencia y un rechazo tan grande de sectores, seguir con la consulta hubiese sido un ejercicio voluntarista que no iba a cumplir con los estándares del Convenio 169, porque se iba a ver como una imposición del gobierno a forzar una discusión porque las comunidades no querían”. Y añadió: “No queremos seguir con una consulta que el día de mañana tenga tales grados de deslegitimidad política y social que al final haya sido un ejercicio totalmente en vano, que no sea representativo”.

En la resolución firmada ayer por Sichel se argumenta, justamente, que debido a los “hechos de violencia que fueron de público conocimiento, que obstaculizaron gravemente la realización de un importante número de reuniones convocadas”, se suspenderá el proceso. La resolución fue acompañada de un informe de la Ucai en el que se señalan los lugares en los que se no se pudo realizar el proceso.

De igual manera, la unidad a cargo de Arenas elaboró esta semana un informe para enviárselo al INDH. Esto, con el objetivo de tener una respuesta con su opinión, la que también será considerada a la hora de tomar la decisión final sobre si continuará o no la consulta indígena.