Gobierno ratifica que no firmará Acuerdo de Escazú
El Gobierno de Chile, a través de sus ministros de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, explicó este martes los argumentos que tuvo para decidir no firmar el Acuerdo de Escazú, que plantea como objetivo final la protección del medio ambiente.
“El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”, dijo la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt.
La secretaria de Estado aseguró que el gobierno está “plenamente de acuerdo” con los fundamentos del acuerdo que podía ser firmado hasta el 26 de septiembre y que protege el acceso a la información, además de permitir a la justicia intervenir en asuntos ambientales, pero declaró que su redacción no convenció al Ejecutivo.
“Fue una decisión compleja basada en una análisis largo y profundo que busca cumplir con la obligación de que al comprometer al Estado de Chile se haga de forma responsable y prudente sin crear una incertidumbre jurídica”, explicó Schmidt.
“Apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país”, agregó.
El canciller Andrés Allamand también se refirió al rechazo del gobierno a este tratado y aseguró que Chile tiene una “legislación ambiental pionera”.
“Es inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna”, enfatizó Allamand ante los diputados y diputadas.
“Generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”, añadió.
