Fiscales rechazan “subordinar” el Ministerio Público al poder político
En medio de la crisis que vive el Ministerio Público, a raíz de la denuncia del fiscal Sergio Moya contra su superior Emiliano Arias, la Asociación de Fiscales fustigó cualquier iniciativa que busque aprovecharse de la situación para “subordinar” la institución al poder político.
El sábado Moya dio a conocer que acusó ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, a Arias por presuntos intentos de proteger a los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en el caso Caval, al alcalde de Rancagua en una causa por malversación y a los ministros de la Corte de Apelaciones investigados y hoy suspendidos por irregularidades.
Tras eso, tanto Arias como Moya han concedido una serie de entrevistas ante los medios, donde han seguido ahondando en las acusaciones y cuestionándose mutuamente.
En este marco, mediante un breve comunicado, la Asociación reiteró su confianza “en que existirá una investigación acuciosa, que esclarecerá absolutamente los hechos y posibilitará que -de conformidad a la Ley- se sancione a eventuales responsables”.
Asimismo, sostuvo, aludiendo a algunas de las acusaciones en este caso, que “los hechos conocidos demuestran la importancia de mantener al Ministerio Público libre de influencias de terceros. Por lo mismo, nuestras autoridades deben ser extraordinariamente cautelosas y ponderar adecuadamente la conveniencia de mantener reuniones con personas que puedan tener interés en el resultado de investigaciones”.
“Además, hacemos un llamado a los distintos actores de la sociedad a respetar la autonomía del Ministerio Público, absteniéndose de tratar de influir en sus procesos internos y no ejerciendo acciones destinadas a producir efectos en causas en las que no son intervinientes”, instó también.
Conocida esta crisis en el organismo persecutor, en el Senado ya se habla sobre impulsar un proyecto de ley que permita acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los fiscales regionales.
El gremio respondió a la idea y manifestó que “rechazamos abiertamente aquellas iniciativas que proponen extender el ámbito de la acusación constitucional al Ministerio Público”, porque, aseguró, “el principal efecto práctico de esta medida sería subordinar la Fiscalía al poder político”.
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