FF.AA. y Carabineros representaron casi el 50% de los gastos reservados de 2018

A raíz de los numerosos escándalos respecto de los recursos destinados para los gastos reservados, uno de los temas que ha estado sobre la mesa en el último tiempo tiene que ver con la forma en que estos son utilizados y la poca fiscalización que ejerce el Estado sobre el correcto uso de los mismos.

De acuerdo con la Ley 19.863 sobre Remuneraciones de Autoridades y Normas sobre Gastos Reservados (2003), estos se definen como los” egresos que se facultan a realizar a determinadas entidades para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”.

En este sentido, y si bien la información sobre este tipo de recursos debe ser manejada con cautela, dada su naturaleza, en este momento se encuentra en la fase final de su discusión legislativa, un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y rendición de estos gastos reservados. La iniciativa impulsada desde el Ejecutivo intenta, a través de una fiscalización más detallada, dar cuenta sobre en qué se gastan estos fondos.

En términos de distribución, el Ejército concentra alrededor del 33% de los montos globales asignados para este fin. En orden, le sigue la Presidencia de la República con 19,9% y la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, con 8,6% y 8,0%, respectivamente.

Por otra parte, en términos históricos, el informe titulado “¿Por qué los gastos reservados se han convertido en la billetera ideal para la malversación de fondos?”, muestra que el comportamiento de la asignación de estos recursos ha sido similar entre 2004 y 2018 (ver gráfico). Sin embargo, el monto máximo dentro de este histórico se registró en 2009 cuando el gasto fue de $10.576 millones. En ese momento, el mayor porcentaje también recayó en el Ejercito 29,8%, le siguió Presidencia de la República con 19,6%, y la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile con 7,3% y 6,6%, respectivamente.

Cabe destacar que en la Ley de Presupuestos 2020 recientemente aprobada, se plantea una reducción de 21% con respecto a 2019, a raíz de una caída en la asignación a la Presidencia de la República (que recibió de forma simbólica $1.000). Con esto, la asignación de recursos para gastos reservados para 2020 descendería hasta $6.642 millones.

En el marco de la discusión, aunque el Observatorio Fiscal reconoce que es necesario mantener reservada la información respecto al gasto de este recurso, y celebra las mejoras propuestas en el proyecto de ley, también cuestiona en su informe que la iniciativa no propone mecanismos específicos de rendición de cuentas al Congreso y a la Contraloría, por lo que “se corre el riesgo que las instituciones militares y civiles que lo administran sigan perpetuando las malas prácticas del mal uso de estos fondos, o incluso, de posibles hechos de corrupción”. Para ello propone que, sobre los mismos, exista un proceso de asignación más riguroso desde el Congreso durante el proceso de discusión presupuestaria.

Además, recomienda que su control, aunque reservado, sea exhaustivo tanto a nivel interno como externo, definiendo documentos y antecedentes específicos que los organismos militares y civiles que perciben estos montos, deban proporcionar al Parlamento y a la Contraloría. Esta indicación, que fue puesta en la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, fue bajada posteriormente por los parlamentarios, y no fue repuesta en la discusión en el Senado.

Esto, según sugiere el Observatorio, “podría dejar estéril el avance que el proyecto de ley propone en el control de los gastos reservados, por su incapacidad de definir “operativamente” y de forma concreta, cómo se requerirá la información para un adecuado control”.