Corte falló a favor de la demanda por $ 450 millones presentada por las víctimas Karadima
“La verdad es esta: era necesario pedir la intervención del promotor de justicia, conforme al acuerdo de la Conferencia Episcopal. La presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto al P. Karadima no le pedí al promotor que lo interrogara; solo le pedí a mons. Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra de mí”.
Este es un extracto del correo electrónico escrito el 1 de febrero de 2009 por el cardenal Francisco Javier Errázuriz al entonces nuncio Giuseppe Pinto (antecesor de Ivo Scapolo) y que determinó un giro en la demanda presentada hace cinco años contra el Arzobispado de Santiago por las víctimas de abuso por parte del sacerdote Fernando Karadima.
Aunque la acción civil -que busca una indemnización de $ 450 millones por concepto de daño moral- había sido rechazada en primera instancia por el ministro en visita Juan Muñoz, el jueves 18 la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago evaluó nuevos antecedentes y decidió revocar la sentencia y condenar a la Iglesia chilena por los actos que impidieron una investigación diligente en contra del hoy exsacerdote que fue expulsado por el Papa Francisco el 28 de septiembre. El fallo concede la más alta compensación económica a la que ha sido obligada la Iglesia hasta ahora.
El correo de Errázuriz se transformó en una pieza clave de la defensa del abogado Juan Pablo Hermosilla en representación de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. El e-mail, cuyo asunto destaca ser “confidencial”, esperó nueve años para ver la luz y su origen se remonta a los allanamientos al Arzobispado de Santiago que encabezó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, el 14 de junio de este año.
El investigador tramita una histórica causa penal que apunta a las más altas autoridades del clero chileno para establecer si existe responsabilidad penal de alguno de ellos en el encubrimiento de delitos de abuso sexual cometidos por religiosos en el territorio nacional. Es en ese marco que Arias encontró la carta y la entregó, la semana pasada, a los demandantes, ya que la Fundación para la Confianza -de la que son impulsores las víctimas de Karadima- es querellante en la causa penal por encubrimiento.
Cuando Hermosilla hizo alusión al correo electrónico, el silencio se apoderó de la Novena Sala. La vista de la causa había esperado más de un año para ser abordada, ya que en reiteradas ocasiones había sido suspendida. La penúltima vez fue un día antes de que la Santa Sede informara la expulsión del sacerdocio del expárroco de El Bosque. La última hace solo una semana luego de que la Iglesia presentara un recurso de reposición.
La espera de siete días para proceder a los alegatos permitió que se encontrara en el procesamiento de la información que ha sido incautada por el Ministerio Público una serie de documentos relacionados con comunicaciones internas entre autoridades del clero chileno. “Estimado señor nuncio”, así está encabezado el correo en que Errázuriz enfatiza que “este texto no puede quedar en el archivo de la Nunciatura, porque cualquiera infidencia de otras personas que tengan al archivo en el futuro puede causar un daño muy grave”.
La comunicación -que finaliza con la frase “deseándole la más abundante bendición de Dios”- se explaya en 13 páginas en las que el cardenal da cuenta de situaciones ocurridas en ese entonces en la parroquia de El Bosque, las denuncias por abuso sexual que había en contra de Fernando Karadima en 2008 y cómo estas se habían acallado.
El jueves 18, en un fallo unánime, los ministros Miguel Vásquez, Javier Moya y el abogado integrante Jaime Guerrero decidieron revocar el fallo del juez Muñoz y dar curso a la demanda de indemnización con la que el Arzobispado de Santiago deberá pagar $ 450 millones a las víctimas de Karadima por el perjuicio que les significó haber encubierto las denuncias contra el expárroco de El Bosque. La resolución se dará a conocer en los próximos días, y lo más probable, en todo caso, sea que los abogados de la Iglesia libren una última batalla ante la Corte Suprema.
Crédito La Tercera
