Contralor Bermúdez se complica políticamente

La falta de nexos políticos del Contralor General de la República, además de las controvertidas resoluciones que ha dado el organismo, le han hecho sumar más enemigos que amigos. En medio de la pugna con su ex subcontralora, Dorothy Pérez –quien sí tiene un fuerte perfil político tradicional–, se abrió hace unos días un flanco complejo: la irrupción pública del Gobierno en el conflicto, cuando el propio Presidente Sebastián Piñera resaltó que la Contraloría vive “una disputa de cómo interpretar su propia ley, lo cual refleja que muchas veces las leyes no son tan claras ni transparentes como debieran ser”. Ahí se prendieron las alarmas.
La teleserie en el seno de la Contraloría General continúa. La impugnación que presentó la hoy ex subcontralora Dorothy Pérez a la solicitud de renuncia que le hizo su jefe directo, Jorge Bermúdez, desató una batalla legal sin precedentes, la que tiene su eje en la interpretación de la Ley Orgánica de Contraloría (N°10.336) y la discusión sobre quién tiene la potestad para remover los cargos establecidos como inamovibles. Una ambivalencia interpretativa que abrió el espacio para que entrara en escena el Gobierno.
Es que el conflicto interno en el órgano contralor ha servido de excusa perfecta para que algunos traten de cobrar ciertas facturas a Bermúdez y apuntar a lo que consideran el controvertido rol que ha cumplido este en el último año, debido a su línea de “golpes transversales” que han complicado a la oposición, pero sobre todo a la administración de Sebastián Piñera.
En la Contraloría se prendieron las alarmas con la inesperada arremetida de La Moneda en el conflicto y reconocen que no esperaban que el Gobierno se involucrara públicamente, con las declaraciones que a fines de la semana pasada hicieron la ministra vocera Cecilia Pérez y su par de la Segpres, Gonzalo Blumel. No solo ellos, el propio Presidente Sebastián Piñera se refirió a la polémica entre Bermúdez y Pérez, en el marco de un seminario por los diez años del Consejo para la Transparencia, instancia en la que utilizó el caso de la ex subcontralora para recalcar que “las leyes no son tan claras ni transparentes como debieran ser (…) el que tiene que interpretar muchas de las leyes, que es la Contraloría General de la República, hoy día tiene una disputa de cómo interpretar su propia ley”.
El Ejecutivo no se quedó ahí. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, agregó que esta falta de claridad en la interpretación de las leyes se ve reflejada en los dictámenes de la Contraloría, los que –dijo– “no siempre tienen una sola línea, la jurisprudencia administrativa no siempre es constante ni es uniforme”.
Hay preocupación en el reducido círculo de confianza que tiene Bermúdez. Aseguraron que la cercanía política de Dorothy Pérez con la ex Concertación ya era considerada un posible flanco de críticas desde dicho sector hacia el actuar del contralor, pero la aparición en el tablero del Gobierno –temen– puede afectar la autonomía de las definiciones que toma la institución en el mediano plazo.
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