Caso Cofradía: investigación termina sin condenas ni víctimas identificadas
El caso explotó en mayo del año pasado y provocó un verdadero terremoto en la Diócesis de Rancagua. Un reportaje de Canal 13 revelaba la existencia de un grupo de 14 párrocos de la Región de O’Higgins que supuestamente se organizaban en una cofradía llamada “La Familia” para abusar de menores. “La abuela”, “las tías”, “las hijas” y “las nietas” eran, según denunciantes, los apelativos que se asignaban los miembros de dicha organización.
La denuncia fue realizada por la excoordinadora de la Pastoral Juvenil de Rancagua y se dio a conocer por televisión en un contexto de máxima tensión para la Iglesia católica chilena, justo cuando toda la Conferencia Episcopal estaba en el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. En esa cita, todos los obispos de forma inédita presentaron su renuncia ante el Sumo Pontífice.
Se habló de asociación ilícita, de redes de prostitución infantil e incluso de distribución de pornografía infantil. El caso escaló tanto, que incluso golpeó fuertemente al entonces obispo de Rancagua Alejandro Goic, provocando su salida al mando de la diócesis casi un mes después. A Goic se le acusó de encubrimiento y de no haber gestionado correctamente las denuncias que recibió en un inicio, ya que la denunciante afirmó públicamente que acudió en cuatro ocasiones ante la autoridad religiosa, pero no se abrió una indagatoria.
Sin embargo con el tiempo, y luego de que el suspendido fiscal regional Emiliano Arias abriera en agosto una investigación por el caso, el escándalo se fue desarmando por goteo. De los 14 imputados que hubo en un comienzo, un año después, más de la mitad de los sacerdotes había sido sobreseído.
Pero la última noticia del caso llegó ayer, cuando el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu comunicando la decisión de no perseverar respecto de los últimos dos imputados que quedaban en la indagatoria. “Que con esta fecha vengo en comunicar a SS. el cierre de la presente investigación respecto de los imputados Cristián Catalán Valdivia y Luis Rubio Contreras“, se lee en el escrito del Ministerio Público.
El tribunal fijó la audiencia para el próximo jueves 12 de diciembre. “Ha existido una larga investigación que en definitiva no arrojó ninguno de los resultados que se esperaban desde el comienzo de la indagatoria, el cual era establecer que existía una organización criminal de carácter jerarquizada destinada a cometer delitos de connotación sexual”, aseguró Cristián Miranda, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría de O’Higgins.
El defensor agregó que “la hipótesis de la defensa desde un inicio fue que no había ninguna víctima ni ningún tipo de delito por parte de de todas las personas involucradas en este supuesto ilícito”. Eso, dice el abogado, es de “extrema gravedad” ya que “las personas involucradas en la investigación se vieron severamente afectadas tanto en su ámbito laboral, social y familiar”.
