Autoridades rechazan aplicación del Simce

A través de una declaración publica autoridades políticas y expertos en educación rechazan la intención del Ministerio de Educación de aplicar la prueba Simce.

Entre las razones que se argumentan, están la valoración al aporte que esta prueba a significado en el mejoramiento de la calidad de la educación, lo que se suma al costo de más de 18 mil millones de pesos que cuesta su aplicación, los firmantes llaman al gobierno a re destinar estos recursos para fortalecer, en el actual escenario nacional, las herramientas educativas actuales.

Declaración Pública

Frente al anuncio del Ministro de Educación en que señala que la realización del SIMCE en el año 2020 será solo con fines de Diagnóstico, nos parece pertinente declarar o siguiente:
Un supuesto básico para una evaluación válida y justa es que exista garantía de que los evaluados han tenido acceso a aquello que se va a evaluar. Esto actualmente no ocurre, por lo que no es técnicamente sostenible que, en las condiciones del presente año, su aplicación resulte en alguna utilidad.
Estamos en un contexto en que tanto los expertos académicos como representantes de los docentes han dicho que la prioridad debe ser la contención y el bienestar psicológico y emocional, así como la flexibilidad para ajustar y contextualizar el currículum. Una medida como mantener el SIMCE va en contra de todas estas directrices. Ello se suma a la opinión casi unánime de la academia y los actores educacionales en orden a la suspensión del SIMCE.
El SIMCE no ha demostrado tener efectos positivos sobre la calidad y la equidad. Muy por el contrario, sus consecuencias negativas en términos pedagógicos, de condiciones de trabajo de los docentes y de segregación han sido ampliamente documentadas por la investigación de los últimos 10 años. Si ya no se entiende por qué se continúa con esta evaluación en general, más inexplicable resulta apelar a su utilidad en un contexto como el actual.
Considerando lo que genera en las comunidades escolares en términos de agobio, estrés y distorsión de sus actividades, este anuncio resulta insensible y vuelve a reflejar la necesidad de que los gestores de política conozcan la realidad de las escuelas y empaticen con ella. El retorno a clases presenciales deberá ser un periodo de reencuentro, contención emocional, reconstrucción de seguridades y relaciones. En términos educacionales, de recuperación y nivelación.
Vale la pena recordar que la aplicación de esta prueba tiene un presupuesto asignado de más de 18 mil millones de pesos. Dado el contexto nacional, las rebajas presupuestarias ya realizadas por el Mineduc y lo evidentemente innecesario de su aplicación, no resultan explicables ni justificables. Por ello invitamos al gobierno a redestinar dichos recursos a objetivos que tengan mayor urgencia y utilidad para mejorar efectivamente la educación de nuestro país.
Finalmente, queremos recordar que se ha solicitado en distintas oportunidades al Ministerio de Educación, y frente a diversas medidas que resultan cuestionables, a abrir espacios de diálogo para recibir los aportes y opiniones de organizaciones, especialistas,
académicos y comunidades escolares a través de una mesa amplia que entregue propuestas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lamentamos profundamente la negativa que se ha dado a esta idea, por lo que invitamos a los distintos actores sociales del sector a auto convocarnos y formar una instancia amplia que pueda entregar propuestas concretas al Ministerio de Educación, opinión pública y ciudadanía.
Firman:
Senadora Yasna Provoste Diputada Cristina Girardi Diputado Rodrigo Gonzalez Diputada Camila Vallejo Diputada Camila Rojas Diputado Juan Santana Senador Juan Ignacio Latorre Senador Guido Girardi Senador Carlos Montes Senador Jaime Quintana Senador Francisco Huenchumilla Colegio de Profesoras y Profesores de Chile Espacio Vinculante por una Nueva Educación Pública (EVEP) Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Centro UC para la Transformación Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile Centro Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile Centro de Tecnologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile Mesa Social Educación Chile (MeSECh) Coordinador de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) Organización, unidos por la educación (Liceos Emblemáticos y Escuelas Básicas) Dra. Teresa Florez Petour, Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile. Víctor Orellana Calderón, Fundación Nodo XXI Iván Salinas Barrios, Fundación Nodo XXI