Aumenta presencia de funcionarios de la PDI en la región
A fines de la semana pasada, los jefes de cada unidad de la Policía de Investigaciones (PDI), entre Santiago y Concepción, comunicaron un mensaje claro a sus detectives: la dirección general estaba pidiendo reforzar los servicios investigativos en la Región de La Araucanía, por lo que desde cada cuartel se trasladaría una cierta cantidad de detectives a la zona.
La instrucción obedecía a que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, impulsó un reforzamiento de efectivos de la PDI en La Araucanía, dados los últimos acontecimientos de violencia en la zona y la desconfianza de distintos actores hacia Carabineros, tras el caso Catrillanca y la fallida Operación Huracán.
Aún no existen datos exactos de cuántos efectivos de la PDI reforzarán los servicios policiales, principalmente en la provincia de Malleco, pues, según explicaron desde la institución, el proceso de selección sigue en curso.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó a La Tercera que “en razón del aumento en estos últimos días de distintos actos de violencia y desórdenes públicos, como cortes de caminos, tomas de terrenos, provocación de incendios y llamados a continuar con ellos, se reforzó el personal de la PDI para apoyar labores de fiscalía y acciones investigativas en caso de delitos”.
En tanto, desde la PDI explicaron que, “efectivamente, hay un compromiso en aumentar la dotación destinada a labores investigativas en la zona”.
La “complicidad” entre el gobierno y la PDI se ha ido gestando a través de diferentes señales. La primera ocurrió el 14 de diciembre, cuando el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció el nuevo plan de seguridad para La Araucanía, a un mes de la muerte de Camilo Catrillanca tras un operativo de Carabineros.
En esa ocasión, Ubilla, quien estaba flanqueado por el intendente Jorge Atton y el prefecto de la PDI Víctor Pérez, anunció un cambio de estatus de la unidad policial en Ercilla, reemplazando a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) por una Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe).
El segundo gesto llegó este jueves. El director de la PDI, Héctor Espinosa, presentó en Temuco y en presencia de Atton la adquisición de 11 vehículos policiales para la institución, tras una inversión de $ 670 millones.
Según explicaron desde el gobierno regional de La Araucanía, “la inversión responde a las solicitudes de las juntas de vecinos, organizaciones sociales y juntas de vigilancia rural, de contar con mayor presencia en terreno de la policía civil”.
Sin embargo, este cambio no es aceptado con unanimidad. Aucán Huilcamán, werkén (vocero) del Consejo de Todas las Tierras, indicó que “la decisión del gobierno de cambiar la PDI, para que incursione en las comunidades mapuches para realizar algún tipo de operativo, me parece propio y característico de la política del ‘gato pardo’, que todo cambia y nada cambia. Además, el intendente ha anunciado que hay 208 nuevos efectivos de carabineros en La Araucanía, lo que contradice absolutamente”.
En tanto, para Gastón Caminondo, directivo de la Multigremial, “para nadie es un misterio que carabineros está pasando por un momento demasiado complicado. Va a tomar un tiempo largo en que se vuelva a recuperar el prestigio que siempre ha tenido. Y si la PDI puede cumplir momentáneamente o permanentemente esa labor, nos parece bien”.
Actualmente, el contingente de Carabineros en la región llega a más de 1.200 efectivos, en tanto, el de la PDI es de 600 detectives, aproximadamente.
Querellas
Después del operativo que concluyó con la muerte de Catrillanca el 14 de noviembre, la Intendencia de La Araucanía ha presentado 14 querellas por hechos de violencia en los tribunales de Temuco y Collipulli.
La primera ingresó un día después del operativo que involucró a Catrillanca. El gobierno presentó una acción judicial, pues en “horas de la noche, en las dependencias de una iglesia católica, ubicada en la comuna de Temuco, en la ruta que une Temuco con la localidad de Labranza, en el sector de Trañío Trañi, se verificó un incendio, iniciado por la acción de terceros”.
Esta querella fue una de las siete presentadas por el delito de incendio. Del resto de las presentaciones, dos son por lesiones, una por robo, dos por homicidio frustrado a carabinero en servicio activo, una por atentado contra la autoridad y otra por incendio terrorista.
Esta última fue el 2 de diciembre por un atentado incendiario en el fundo Santa Luisa, de la Forestal Mininco, donde, según la querella del gobierno, “cinco encapuchados, de los cuales cuatro se encontraban premunidos con armas de fuego, intimidaron a cuatro conductores, quienes conducían camiones de la empresa Serviterra”. En el lugar se encontraron papeles alusivos a la muerte de Catrillanca y de otros comuneros.
A estas acciones se suma la denuncia que la intendencia presentó por incitación a la violencia, invocando la Ley de Seguridad del Estado.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, tras reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó este jueves que el Ejecutivo “tomó un camino judicial. El gobierno tiene que seguir gobernando y asegurando la armonía necesaria dentro de estas regiones”.
