Acercando posiciones se aprueba Aula Segura
“Hemos llegado a un muy buen acuerdo y como ministra de Educación quiero agradecer a los senadores el trabajo que se ha hecho en conjunto. Siempre quisimos poder aprobar esta ley que va a dotar a los directores de facultades que hoy día no tienen para enfrentar los hechos de violencia. Y los más importante, porque también era nuestra intención, el apoyo transversal de los senadores es una señal de apoyo a los directores y a los profesores que han enfrentado situaciones adversas”, subrayó Cubillos.
“Salió perfecto”. Así celebraba durante la noche en los pasillos del Congreso la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el acuerdo al que -luego de intensas gestiones- logró llegar con los senadores de la oposición en torno al proyecto de Aula Segura, el que busca “fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula” en casos de violencia.
El hito que destrabó la iniciativa impulsada por La Moneda, y que fue aprobada pasada la medianoche por la sala del Senado por 33 votos a favor y 1 en contra, se daba luego de que el Ejecutivo activara a primera hora de la jornada intensas gestiones con los parlamentarios de oposición para revertir el traspié que la normativa había sufrido el martes en la Comisión de Educación, liderada por la senadora Yasna Provoste (DC), instancia que pese a aprobar la idea de legislar, mediante varias enmiendas, convirtió el proyecto impulsado por La Moneda en uno completamente nuevo.
Así, el acuerdo que se fraguó en la Comisión de Hacienda de esa corporación, implicó que ambas partes cedieran en sus posturas iniciales y bajaran el tono de un debate que había alcanzado altos niveles de tensión en los días previos.
En concreto, la nueva redacción del texto consensuado entre el Mineduc y la oposición establece que el director tendrá el deber de “iniciar un proceso sancionatorio” en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas graves o gravísimas y tendrá la facultad de expulsarlo aplicando la suspensión como medida cautelar.
El texto aprobado por el Senado, además, detalla que dichas causales serán aquellas “que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en la dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.
Asimismo, se incluye la propuesta de la oposición en materia de plazos y debido proceso, la que amplía de 4 a 10 días el tiempo de acusación y de 2 a 5 para que el acusado pueda defenderse de las acusaciones que se le formulen, además, de extenderse a los establecimientos privados, a diferencia de lo planteado inicialmente por el ejecutivo.
El acuerdo, que fue valorado tanto por el gobierno como por los senadores de la ex Nueva Mayoría, aunque cuestionado desde el Frente Amplio, se había comenzado a fraguar desde temprano en el Congreso. Fue la propia Cubillos y el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quienes lideraron intensas gestiones con los legisladores en Valparaíso.
