Huenchumilla por Protocolo por Reforma Tributaria : “poco claro lo que se gana y evidente lo que se pierde”
El Gobierno y la directiva de la DC firmaron, durante el fin de semana, un publicitado protocolo de acuerdo para reimpulsar la Reforma Tributaria propuesta por la administración de Sebastián Piñera en agosto del año pasado.
Desde el punto de vista del Gobierno, lograr este acuerdo es central para poder avanzar en el Congreso. Desde el punto de vista de la Democracia Cristiana, está poco claro lo que se gana y parece bastante evidente lo que se pierde.
Como dice el propio texto del acuerdo, la DC entró a este debate planteando cuatro “pilares fundamentales”: no reducir la recaudación fiscal permanente, no perjudicar la progresividad del sistema tributario, no debilitar la institucionalidad tributaria e impactar, positivamente, en el crecimiento económico.
Lamentablemente, el acuerdo no cumple con los criterios que la directiva dice defender. Es posible que esto sea lo que motivó a los diputados democratacristianos Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz a abstenerse de firmar el protocolo.
En primer lugar, está claro que la recaudación fiscal caerá de manera permanente. Los cálculos del Gobierno muestran que la reintegración del sistema tributario le costará al fisco unos US$850 millones anuales. Los cálculos de los técnicos de oposición eran de una pérdida permanente del orden de US$1.200 millones anuales.
En segundo lugar, el acuerdo le hace perder progresividad al sistema impositivo. La reintegración significa que los dueños o accionistas de las grandes empresas –las pymes ya tienen un sistema totalmente integrado– podrán dar por pagados los impuestos que tendrían que pagar en su global complementario, en lo que corresponda a retiros o dividendos. El beneficio no es para las empresas, que van a pagar la misma tasa de impuestos que hoy, sino para las personas que retiran utilidades o accionistas que reciben dividendos. No escapará a la atención del lector que, mientras más grande sea la empresa y mayores sean las utilidades que genere, menos serán los impuestos que paguen sus accionistas y dueños. Cuesta imaginar algo más regresivo que lo propuesto por el Gobierno.
Esa pérdida será “compensada”, solo parcialmente, “en a lo menos US$ 400 millones anuales”. O sea, hay acuerdo entre el Gobierno y la directiva de la DC en que habrá una pérdida de recursos que fluctuará entre US$450 millones y US$800 millones, ¡equivalentes a uno o dos hospitales como el de Antofagasta al año!
El beneficio no es para las empresas, que van a pagar la misma tasa de impuestos que hoy, sino para las personas que retiran utilidades o accionistas que reciben dividendos. No escapará a la atención del lector que, mientras más grande sea la empresa y mayores sean las utilidades que genere, menos serán los impuestos que paguen sus accionistas y dueños. Cuesta imaginar algo más regresivo que lo propuesto por el Gobierno.
El tercer criterio era no debilitar al Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto, porque el proyecto inicial del Gobierno consideraba limitar su potestad para determinar lo que constituye “elusión tributaria”, fijando criterios que atan de manos al SII.
Cabe destacar que la ley actual en este aspecto, está inspirada en los criterios de la OCDE y, más específicamente, en la ley española. Habrá que ver en qué consisten las “mejoras” que el Gobierno propondrá, ya que añadió la frase “resguardando los derechos de los contribuyentes” y, hasta ahora, estos han tenido todo el derecho a eludir, al punto que un fallo de la Corte Suprema legitimó su derecho a organizar sus asuntos financieros para eludir impuestos, por ejemplo, mediante el uso de paraísos fiscales.
El cuarto criterio era buscar que el sistema tributario apoye el crecimiento. Esto, supuestamente, se haría en el proyecto original con la reintegración –que ya vimos incentiva a retirar utilidades y dividendos y no la reinversión de utilidades– y dando nuevos espacios para gastos no relacionados directamente con el giro del negocio, disminuyendo impuestos a las personas de altos ingresos o de mayor riqueza.
En resumen, el protocolo de acuerdo no parece beneficiar a las grandes mayorías ni apunta a dotar al Estado de los recursos necesarios para afrontar los gastos que demanda la ciudadanía en salud, pensiones, educación y seguridad pública
