Francisco Huenchumilla, una propuesta para la Araucanía: ” Distinguir para Unir”

Desde el año 1997, cuando se iniciaron los primeros actos de violencia con la quema de camiones en Lumaco, se han sucedido gobiernos de distinto signo abarcando todo el espectro nacional. Todos ellos han estado a cargo de la conducción del Estado. Por ello, siempre me he cuidado de señalar que lo que sucede en la Araucanía es responsabilidad de todos los gobiernos en cuanto, a mi juicio, todos ellos, han tenido un diagnostico equivocado respecto de la verdadera naturaleza del conflicto. Ha primado una visión de seguridad y de orden público. Mientras no se asuma que estamos en presencia de un problema político veo difícil, si no imposible, que avancemos en su solución. Planteo esto con preocupación porque estamos viviendo en la región un clima enrarecido, y es deber de las autoridades anticiparse a hechos que después podemos lamentar. Por mi parte, tengo un punto de vista claro que consta por escrito en diversos documentos, en intervenciones en el Senado, y que lo he conversado con total franqueza con las autoridades.

El crimen del joven Camilo Catrillanca cambió el escenario, volvió a fojas cero el Plan Impulso y paralizó la agenda del gobierno. Las visitas del presidente producen, sin duda, efectos comunicacionales, pero después de su retorno a la capital uno se pregunta…. y ahora qué…

Hay algunos que piensan que lo primero es abordar el problema de la seguridad, lo que sin duda es una situación apremiante y que todo gobierno debe afrontar. El problema es cómo se enfrenta ese problema. Una fórmula es mediante medidas represivas acudiendo a los tribunales y a la policía; es lo que se ha venido haciendo en los últimos 22 años y todos sabemos sus resultados ( lo cual no significa que no se deba acudir a los tribunales cada vez que ocurre un hecho que presenta características de delito y cuya autoría hoy abre un signo de interrogación ); el problema es  quedarse ahí y solo ahí . La otra fórmula, a la que yo suscribo, es preguntarse ( y que todo gobernante debe hacerlo,  porque es su deber preguntarse acerca de las  causas de los fenómenos sociales que como conductor de su comunidad política le corresponde resolver) acerca de las causas de la violencia, acerca de por qué se llegó a esa situación, acerca de qué es lo que hay detrás de ello.  La respuesta es que estamos en presencia de una interpelación de un pueblo originario que le exige al Estado la restitución de sus tierras que en algún momento de la historia le arrebató. Y eso fija los términos de la controversia en cuanto determinados dirigentes del pueblo mapuche llegaron a la conclusión, vistas las históricas relaciones asimétricas con el Estado, que los caminos institucionales que habían practicado sus padres, abuelos y generaciones pasadas estaban agotados. Y entonces, claro, este es un problema que, por su naturaleza, deben resolverlo las autoridades políticas del Estado y no, cual Poncio Pilatos, entregárselo a las policías y a los tribunales. Por supuesto que Chile no es un caso singular en el mundo; los países desarrollados, y otros no tanto, ya resolvieron esta situación con sus respectivos pueblos originarios. El camino, como en todos los problemas que a diario debe enfrentar el gobierno, es el diálogo; es sentarse a escuchar, preguntar y pensar con todas las cartas sobre la mesa y buscar las soluciones a la controversia bajo las condiciones y alternativas racionales que la situación amerite. El diálogo no es solo conversar, es, antes que nada, escuchar los argumentos y razones de tu interlocutor con un sentido político, en busca de los puntos de encuentro que posibilite de manera realista una salida al conflicto. Este ejercicio de verdad, no se ha hecho en Chile. Se ha conversado más que nada de políticas públicas, pero nunca un dialogo de verdad con el sentido político expresado.

El Gobierno jugó sus cartas con el Plan Impulso, con un particular despliegue del Ministro de Desarrollo Social que, en su momento, valoramos como un proceso nuevo y cuyos titulares eran novedosos para un gobierno de derecha. Sin embargo, el plan fue devorado por la agenda de seguridad y las acciones de Carabineros que significó la muerte de Camilo Catrillanca.

El tema para este gobierno (y para cualquier otro) es, cómo se aborda un problema tan especial y tan complejo como este conflicto que escapa a las situaciones que normalmente se debe afrontar en el ejercicio gubernamental. Los gobiernos nunca han comprendido la lógica con que se ha movido a lo largo de la historia el pueblo mapuche; hay una visión y cosmovisión distinta a la occidental, una carga histórica de discriminaciones, sufrimientos y desencuentros con la sociedad chilena y con el Estado, perdiendo éste toda credibilidad.

Por ello es  que se experimentan métodos y estrategias y los distintos gobiernos se dan de cabeza contra la pared. –

Por eso me permito sugerir un método diferente.

El plan del gobierno contiene un conjunto de materias y objetivos que pudiéramos dividirlos en dos grandes temas: los temas del desarrollo y superación de la pobreza y los temas propiamente políticos. En su implementación, el gobierno mezcla ambos y los cruza, además, con los temas de seguridad; y por si fuera poco tiene un conjunto de variados interlocutores, Presidente de la Republica incluido. Esto es un error.

La pobreza de la Araucanía es la mas alta en el país y está claro que ella es anterior al conflicto y lo supera, puesto que éste podría, teóricamente, solucionarse y la superación de aquella seguiría pendiente por la especial naturaleza de los procesos de desarrollo. Entonces, en el tema del combate a la pobreza estamos frente a un problema de eficacia y en el conflicto frente a un problema político. Aquél es un problema de políticas públicas y éste es un problema de voluntad y de negociación. Cada uno de estos problemas requieren de una metodología diferente. Es necesario distinguir las diversas categorías de problemas y temas para, hecho eso, después buscar la unidad en la solución del todo. En términos de la lógica diríamos, distinguir para unir.

Independientemente del ritmo del diálogo político, el combate a la pobreza puede seguir un camino paralelo. Este debe tener   una “vía rápida” usando para ello los distintos instrumentos financieros que se encuentra disponibles en la ley de presupuestos y en los distintos ministerios y servicios públicos como el FNDR, ISAR, Convenios de Programación, IRAL, FAR, FRIL, FIRR, FIC y los disponibles en Corfo, Sercotec, Fosis, Indap, DOH, Dirección de Vialidad etc. Y con el apoyo y focalización insustituible de los 32 municipios. Hoy día se trabaja con la “vía normal” que implica un largo proceso burocrático de formulación de los proyectos en los municipios y servicios públicos, para su posterior evaluación tanto en el gobierno regional como en el Ministerio de Desarrollo Social hasta obtener el RS y posteriormente todos los trámites para la licitación y ejecución; en estos trámites pueden pasar años como sucede con los APR, caminos e infraestructura en general.

Entonces separemos el enfoque y la acción. La Araucanía debe salir de la pobreza y el subdesarrollo y esto debe ir por un camino propio, en forma independiente de la solución del conflicto porque, aunque son problemas que se topan, son de naturaleza diferente y requieren de distintos instrumentos. Para ello se necesitaría acelerar los procedimientos de formulación, diseño, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión. Para estos efectos, una” ley corta “podría ser un camino respecto del sistema de evaluación de la inversión pública en la región; o en la próxima ley de presupuesto colocar una glosa al respecto que regule la materia y que habría que renovar año a año. Postulo, en consecuencia, una “vía rápida “para las inversiones del sector público, en forma separada y en paralelo al tratamiento del conflicto propiamente tal.

En esta línea, creo que es clave una alianza público-privada para una complementación puesto que con el sector privado se deben usar otros instrumentos, como por ejemplo separar del proyecto de reforma tributaria la depreciación acelerada y darle un trámite aparte también por la vía rápida y de esa manera descontaminarla de la discusión política general del referido proyecto.

Respecto del conflicto político, también es necesario distinguir.

Sobre la recuperación de tierras, habría que distinguir entre las tierras agrícolas y las forestales. Son realidades diferentes y por ello deben tener un tratamiento diferente. Las tierras agrícolas afectan a un sinnúmero de propietarios distribuidos en toda la región, les afecta directa y personalmente y existen componentes jurídicos, familiares, históricos y una acción del estado de características especiales, por lo que  cualquier negociación se torna mucha más compleja por todos esos antecedentes y por los lógicos componentes subjetivos que un proceso de esta naturaleza conlleva. En cambio, las forestales pertenecen a empresas de propiedad de los más grandes grupos económicos del país, por lo cual la afectación es exclusivamente económica sin los componentes ni personales ni subjetivos señalados y porque, además, su dirección ejecutiva es impersonal y profesional por lo cual cualquier proceso de negociación con el estado tiene una naturaleza distinta. En consecuencia,  el gobierno debería dialogar y negociar separadamente, distinguiendo claramente entre ambos sectores que representan realidades diferentes.

Y en los aspectos netamente políticos también es necesario que el gobierno distinga entre los conceptos de reconocimiento constitucional, plurinacionalidad y autonomía. El primero fue una discusión de los noventa; hoy día la demanda es por autonomía concepto que ya se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico por distintos tratados internacionales ratificados por Chile y Declaraciones también firmadas por nuestro país, lo que ha cambiado el giro de la discusión. La plurinacionalidad no es un concepto que concite unanimidad (después de las experiencias de Bolivia y Ecuador).  Entonces toda la discusión se facilitaría si hacemos estas distinciones cada una de las cuales presenta distintos grados de dificultades y consensos en el mundo mapuche.

También es necesario distinguir el concepto de representación ante los órganos del Estado donde claramente los escaños reservados, suscitan mayoritariamente un acuerdo posible.

Esta es una muestra de los problemas mas sustantivos motivo de controversias; hay un conjunto de otros temas sociales, culturales, económicos y políticos por supuesto, y con los cuales se puede seguir la misma metodología de distinguir cada uno de ellos en su propio mérito.

Finalmente creo que por la naturaleza diversa de los problemas y los roles que juegan, los Ministros de Desarrollo y del Interior deberían dividirse las responsabilidades.

Estoy cierto que el escenario de negociación y de diálogo es el camino para resolver los problemas de seguridad.

En suma, creo que al gobierno le facilitaría una solución, en la Araucanía, si hiciera las distinciones de cada tema en su propio mérito y características específicas para después hacer la unidad en la solución final; por eso digo distinguir para unir.  Claro está que, todo esto será posible si existe la voluntad política para ello y el gobierno y sus seguidores no se dejan llevar por sus históricos impulsos atavicos sino por la racionalidad del siglo 21.

Mayo del 2019.