Columna de Iván Cerda: La derivada económica del conflicto
Una de las más importantes variables que sustentan y fundamentan en la Araucanía un conflicto reivindicatorio mapuche es el real e histórico estado económico de sus habitantes, el cual refleja en la actualidad una profunda brecha con el resto de los habitantes de la región y marca un objetivo inalcanzable de superar en el corto plazo.
Es quizá esta una de las razones por la cual en la década de los 80 y anteriores con un país que disponía de ingresos medios cercanos a los U$ 5.000 no era tan notorio ni evidente con el resto de la sociedad, sin embargo, hoy los ingresos se han multiplicado cuatro o cinco veces por habitante y el margen se ha hecho infinito para superar la pobreza y la miseria que permanece arraigado en las comunidades y en los parceleros del campo.
Agravando esta condición han hecho nulos y erróneos esfuerzos los gobiernos influidos por fuerzas de las elites económicas manipulando políticamente al mercado para favorecer a través de un marco regulatorio intereses corporativos a expensas del resto (Caso del 701 para las Forestales cuya lucha fundamental y violenta lleva Llaitul hace décadas), que se ha venido repitiendo en diversos formatos y cuyos resultados han sido nefastos y desdichados para los más desventajados, y donde los cuantiosos fondos destinados a programas socioeconómicos tales como Orígenes y otras iniciativas han sido capturados por ONG y Consultoras que simplemente han convocado y usado a las comunidades para hacer múltiples diagnósticos, recogiendo información que finalmente no se traduce en ningún beneficio concreto para la gente.
El rol intervencionista y redistributivo de los gobiernos en la Araucanía continua ahora con un nuevo plan inconsulto que desestima objetivos económicos reales para la comunidad y propone un programa de inversiones en beneficio de los mismos grupos de interés. El ejemplo más concreto y elocuente es el caso de las hortaliceras mapuches de Temuco que buscan incansablemente emprender en un espacio de participación para superar la pobreza dentro de un modelo de mercado abierto y competitivo garantizado constitucionalmente “PARA TODOS LOS CHILENOS “.
