Reforma previsional: el nuevo desafío para el Gobierno
“Estamos conscientes de que la reforma previsional es esencial para este gobierno y también estamos conscientes de que esta reforma no es la que hubiésemos querido, sino que es la que hemos podido sacar adelante con la actual composición del Parlamento, en minoría para el oficialismo”. Las palabras del jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, resumen el ánimo con que Chile Vamos sigue el debate que ha acompañado a la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo, viabilizada políticamente en la Cámara tras el acuerdo alcanzado, a mediados de julio, entre La Moneda y la DC.
Ese pacto ha permitido su aprobación en la Comisión de Trabajo, donde actualmente se discute en particular. En las próximas semanas, en tanto, la misma suerte debiera correr el texto en la Comisión de Hacienda y en la Sala de la Cámara. Esto, considerando que oficialismo y oposición coinciden en que no habrá ajustes mayores a los que ya consideró el acuerdo de julio, en el que -entre otras materias- se decidió crear el Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS), entidad pública y autónoma para administrar el 4% de cotización adicional, y que tendrá rango constitucional, similar a lo que proponía el proyecto que envió al Congreso Michelle Bachelet.
La incorporación de este ente público fue, para Chile Vamos, una “concesión mayor”, que los legisladores oficialistas respaldarán para posibilitar el avance de la iniciativa. Pero ¿hasta dónde más están dispuestos a ceder? Parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli advierten que existen “líneas rojas” que no traspasarán y que, por eso, estarán “alertas” del siguiente paso que debe sortear el proyecto: el Senado.
Allí, reconocen en el oficialismo, se debe desarrollar un nuevo espacio de negociación entre el gobierno y la oposición. Esto, considerando que senadores DC, como Yasna Provoste y Jorge Pizarro, cuestionaron la legitimidad del presidente de su partido, Fuad Chahin, para comprometer el respaldo de todos sus parlamentarios en un acuerdo que -según advirtieron- se restringía solo a la Cámara.
Así, el gobierno deberá enfrentar una encrucijada: lograr comprometer a los sectores opositores de la Cámara Alta con la propuesta sin que, en ese diálogo, se “desnaturalice” la iniciativa a ojos de la centroderecha. Para ello, fuentes del oficialismo confirmaron que el ministro Nicolás Monckeberg (Trabajo) ya ha tenido conversaciones con los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y los DC Ximena Rincón, Carolina Goic y Jorge Pizarro.
Ni un peso para reparto
“En el caso del ente estatal, estamos dispuestos a votar a favor con dolor de guata, porque consideramos que es una pésima solución, pero entendemos que es el precio que hay que pagar en un contexto en que somos minoría en el Congreso”, dice el diputado UDI Guillermo Ramírez.
En contraste, agrega que existe disponibilidad en el sector para “conversar cualquier fórmula con la oposición en la medida en que el ahorro de los trabajadores se mantenga en cuentas individuales (…). Ese es un concepto en el cual no vamos a ceder”.
La misma definición expresa su par Patricio Melero, quien detalla que “el acuerdo construido con un sector de la oposición parte por respetar un principio fundamental, que es que el total del aporte adicional del 4% va a una cuenta individual. Cualquier desvío de ese objetivo no sería aceptable por nosotros, porque significa entrar a un sistema de reparto, y creemos que la solidaridad tiene que hacerse con la plata del Estado y no con el bolsillo del futuro jubilado”.
En palabras del diputado RN Frank Sauerbaum, “que los recursos adicionales vayan a las cuentas de los trabajadores y que no haya un fondo común -como se pretendió en el gobierno anterior- es algo en que no estamos dispuestos a transar”.
“Si el 4% no va a la cuenta individual, estoy seguro que en RN, y en general en Chile Vamos, se van a prender todas las luces rojas”, asegura el senador Andrés Allamand (RN), mientras que su par de la UDI Juan Antonio Coloma cree que en materia previsional “ya se ha hecho un máximo esfuerzo”.
Desde Evópoli, el jefe de bancada, Luciano Cruz-Coke, ratifica los dichos de sus pares de coalición y afirma: “Caer en cualquier forma de reparto es una línea roja que no hay que cruzar”. El diputado, eso sí, va un paso más allá y dice que el acuerdo que se logre en el Senado podría involucrar, eventualmente, la administración del total de cotizaciones. “Debiésemos generar una administración para los seguros, que podría ser el CASS, y una administración para el 14% que, a mi juicio, debiera ser la eventual creación de una AFP estatal”, plantea el diputado.
En caso de que en el Senado la negociación derive en la administración ya no de la cotización adicional sino de su totalidad, el diputado Ramírez plantea que se dibuja otra línea roja. Esto, dado que ahí la exigencia oficialista será que las nuevas entidades que se contemplen para ello “compitan con las AFP en igualdad de condiciones”, porque, de lo contrario, “se vulneraría el principio de la competencia, y para nosotros eso es muy importante para asegurar la mejor rentabilidad de los trabajadores”.
Además, Allamand advierte que para la administración del 4% es “extraordinariamente importante” para el oficialismo “que se preserven márgenes de libertad de elección, tal como existe hoy con los multifondos”.