Senado y Cámara pidieron la caducidad de Essal
En sendas sesiones especiales, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron mociones para solicitar al Presidente Sebastián Piñera la caducidad de la concesión a Essal por la crisis del agua potable en Osorno, junto con el pago de multas e indemnizaciones a los afectados por parte de la empresa.
La primera sesión se desarrolló en el Senado, donde hubo coincidencia en la necesidad de generar sanciones ejemplarizadoras, según lo contempla la ley, con la caducidad de la concesión a una empresa que ya mostraba un desempeño deficiente con numerosas sanciones y sumarios anteriores.
Sin embargo, los matices se suscitaron en cuanto a las consecuencias políticas, puesto que senadores del oficialismo llamaron a “no usar argumentos populistas” para arremeter contra todo un sistema que ha demostrado también algunos aspectos positivos, tales como, aumentar la cobertura de servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas.
A su vez, senadores de oposición dejaron de manifiesto que esta crisis reveló el “agotamiento de un modelo donde las empresas demostraron que el énfasis es maximizar sus ganancias y no realizan las inversiones debidas” y tampoco estarían “en condiciones de garantizar el suministro de un bien público vital para la población”. Asimismo, coincidieron en mantener el foco en la responsabilidad del Ejecutivo.
Luego, en la Cámara de Diputados el debate fue abierto por los cuatro representantes de la zona afectada, los diputados Javier Hernández (UDI), Emilia Nuyado (PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).
Hernández sostuvo que durante diez días, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó por la ganancia en vez de la responsabilidad social. “Essal se comportó como predador de la codicia, no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su negligencia, a esta altura descarada”, afirmó.
Nuyado, en tanto, lamentó que el intendente no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya declarado en la oportunidad “zona de catástrofe”. Criticó que no se escuchara la voz de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas más humildes.
Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de petróleo. “Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a estallar”, remarcó.
Además, Espinoza criticó que la demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó como una de las peores crisis de la zona.
ASISTIERON MINISTROS, SISS Y SERNAC
A las sesiones concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente. Además, participaron el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, y el director nacional del Sernac, Lucas del Villar.
Mañalich dijo que las acciones emprendidas evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en la zona. Sostuvo que una calificación de estado de excepción no habría ayudado en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se cumplió con la misión.
En tanto, Fontaine reiteró que se iniciará por parte del Sernac un proceso voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las compensaciones.
Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los parlamentarios.
Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.
