Odebrecht y la ruta de la corrupción
Cinco años después de la Operación Lava Jato, que expuso un esquema de corrupción en Brasil, las esquirlas siguen esparciendo el escándalo en América Latina, donde no solo ha destronado a altas figuras de la política y los negocios, sino que se ha cobrado al menos una muerte, mientras otras siguen bajo investigación.
El último coletazo del escándalo tuvo lugar esta semana, cuando el ex presidente Alan García murió tras dispararse en la cabeza cuando la policía se disponía a detenerlo en su casa por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña.
La punta de la trama de una corrupción a nivel regional empezó a asomar en 2016, cuando Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una decena de países latinoamericanos y dos africanos.
Hasta entonces, el gigante de Brasil operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y estadios y hasta como fabricante de submarinos. Pero fue la exportación de su modelo de corrupción lo que popularizó su nombre.
El reparto, que dejó la mayor suma en el país de origen y tuvo como principales destinos Venezuela, República Dominicana y Panamá, ha tenido repercusiones desiguales en las distintas naciones implicadas.
En Perú, la constructora declaró un pago de 29 millones de dólares. Fue allí que el caso derribó en 2018 por primera vez a un mandatario, cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia cercado por la oposición.
El país ha sido testigo en los últimos tiempos de las derivaciones más ruidosas del caso Odebrecht, con la detención en octubre de la líder de la oposición, Keiko Fujimori. A eso se suma la investigación por parte de la Justicia de los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).
Pero el caso de la constructora brasileña también ha sumado páginas oscuras por otros lares. En Colombia, que recibió 11 millones de dólares en sobornos según Odebrecht, y 32,5 millones de acuerdo con la fiscalía local, el escándalo tomó un giro dramático.
En noviembre, Jorge Pizano, testigo clave y auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con una firma local para construir una autopista millonaria, murió por ingerir cianuro. Tres días más tarde, su hijo también falleció envenenado por beber la misma botella. Ambas muertes, rodeadas de controversias, están bajo investigación.
Además, otro testigo clave, el ex secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán, se suicidó en diciembre con cianuro.
Ecuador es otro de los países en los que el caso ha escalado a altos niveles de jerarquía. El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a mediados de diciembre de 2017 a seis años de prisión por cobrar 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que habría pagado un total de 40 millones.
Según la oficina del fiscal, 22 personas están detenidas y 24 casos han sido abiertos. Tomislav Topic, un empresario, se comprometió en febrero a entregar al estado 13,5 millones de dólares pagados por el grupo, de los cuales desconocía su origen ilícito.
En los países de la región, las ramificaciones de Odebrecht siguen impulsando procesos judiciales a políticos encumbrados y hombres de negocios. Según la justicia brasileña, la causa madre, el Lava Jato, sumaba hasta marzo 1.196 órdenes de detención, 548 pedidos de cooperación internacional, y un total de 242 condenas contra 155 personas.
