General Fuente-Alba: mecanismos con los que se apodero de los gastos reservados del Ejército
El teléfono sonó insistentemente, a fines de 2013, en el Departamento de Finanzas del Ejército. Al otro lado, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, daba una orden inusual: “tráiganme de inmediato US$ 250.000”. El receptor del llamado, un alto oficial castrense, quedó atónito ante la cantidad de dinero solicitada: la totalidad del saldo de los gastos reservados de que disponía el general. La petición, que se encuentra descrita en un testimonio secreto de la investigación que lleva adelante la ministra Romy Rutherford, ocurrió a pocos de meses de que el jefe del Ejército dejara el mando en marzo de 2014.
Cinco años después de ese episodio que grafica cómo el general Fuente-Alba manejaba a voluntad las remesas de gastos reservados asignadas para labores de inteligencia y seguridad del Ejército, la jueza Rutherford lo mantiene privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén.
En el expediente hay más situaciones que complican el futuro judicial del exmilitar. A la malversación de caudales públicos ya imputada se sumará la formalización por lavado de dinero que estudia el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, José Morales. El jueves 21 – y tras el procesamiento contra Fuente-Alba- el investigador del Ministerio Público y la jueza Rutherford sostuvieron una reservada reunión de coordinación.
Una vez imputado el delito base por parte de la justicia militar, en este caso la malversación, ahora es el turno de la justicia ordinaria. La Fiscalía formalizará al general Fuente-Alba por el mecanismo con el que habría intentado ocultar el origen ilícito de su abultado patrimonio obtenido desde los gastos reservados del Ejército.
Los testimonios que inculpan al general (R) permanecen en un cuaderno secreto de Rutherford y en piezas reservadas de la carpeta de investigación del fiscal Morales.
Una de las declaraciones clave es la del exjefe de Contabilidad y Remuneraciones del Departamento de Finanzas del Ejército, coronel Sergio Vásquez, quien en su testimonio relata una de las medidas que Fuente-Alba adoptó cuando supo, a fines de 2014, que estaba siendo investigado.
El oficial habría descrito cómo el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, sucesor de Fuente-Alba y también investigado por la jueza Rutherford, le habría ordenado en marzo de ese año la coordinación de la entrega de $ 800 mil mensuales a los exjefes militares, generales (R) Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba. Según confesó hace algunos días este último, mediante el uso de gastos reservados se entregaba mensualmente esta suma de dinero a sus antecesores por concepto de “apoyo”.
Vásquez ratifica esta “mesada” que se le encargó coordinar en marzo de 2014 y que se entregaba a principios de cada mes.
Para materializar los pagos, Vásquez se dirigía a la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE) donde se le entregaban, en un sobre blanco, $ 2 millones 400 mil en efectivo: $ 800 mil para cada ex comandante en jefe antes mencionado. El coronel -personalmente- los llamaba para avisarles que estaba listo el dinero.
Casi siempre, según la declaración de Vásquez, los sobres blancos eran retirados por oficiales de seguridad que cada exmilitar tenía a su cargo, y en otras ocasiones, desde el propio Ejército se encargaban de hacer llegar este “apoyo”.
Pero a fines de 2014, Fuente-Alba llamó a Vásquez para cambiar el mecanismo de pago. Usando un teléfono personal y cuando ya habían salido a la luz pública las sospechas sobre el origen de su abultado patrimonio, el general (R) le ordenó al coronel que a contar de esa fecha los $ 800 mil mensuales fueran depositados directamente en sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Chile.
Las otras maniobras del general
La vocación de servicio de un militar no mira tanto el resultado económico”.
Así explicaba el general Fuente-Alba a Revista Caras, en febrero de 2014, días antes de dejar el cargo de comandante en jefe del Ejército, la baja en el interés de jóvenes por ingresar a la Escuela Militar. Su frase resulta ahora una paradoja cuando la jueza Rutherford lo acusa de apropiarse de casi $ 3.500 millones mientras ocupó el máximo cargo de la carrera militar.
La debacle de Fuente-Alba tiene fecha de inicio: 5 de noviembre de 2014. Ese día el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, abrió de oficio una investigación secreta en su contra. Sin mediar denuncia y motivado por una fortuita revisión de antecedentes en páginas de internet que cuestionaban de forma anónima la gran cantidad de propiedades, autos de lujo y nivel de vida de Fuente-Alba , que no se condecía con el sueldo de un militar, el Ministerio Público decidió revisar la situación económica del excomandante.
Un informe de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) confirmó, en abril de 2015, las sospechas. Entre 2004 y 2015 Fuente-Alba realizó 19 compraventas de once bienes raíces, seis de esas transacciones fueron con sus hijos Adolfo y Fernando de -entonces- 30 y tantos años.
Dos de las casas adquiridas por Fuente-Alba, según los analistas de la UAF, “fueron pagadas al contado”, por un total de $ 218 millones. Asimismo, una propiedad adquirida en 2013 por $ 125 millones no registraba hipotecas, por lo que habría sido pagada en efectivo.
Una situación similar quedó de manifiesto con su esposa, Anita Pinochet Ribbeck, quien entre los años 2013 y 2015 adquirió “dos bienes raíces por un total de $ 274 millones, pagado, por lo menos uno de ellos, al contado y con dinero en efectivo”, se lee en el informe. Los analistas de la UAFdestacaron que Pinochet no registraba actividad económica después del 2010, ni participaba en alguna sociedad, ni imponía ante una AFP.
“Dichas adquisiciones carecen de una justificación aparente del origen de fondos con los cuales fueron financiadas”, sostiene el reporte. A eso se suma, se lee en el documento, la adquisición de Fuente-Alba de dos automóviles por $ 96 millones en 2015, lo que junto a la compra y traspaso de casas “superaban significativamente sus ingresos tanto de remuneraciones percibidas del Ejército como de su pensión”.
En octubre de 2016, la abogada Joanna Heskia -defensa del oficial retirado- entregó al Ministerio Público un análisis patrimonial privado que intentaba rebatir las conclusiones de la UAF. Según este informe, una de las justificaciones para el abultado patrimonio del exjefe del Ejército eran sus habilidades financieras. “Juan Miguel Fuente-Alba Poblete es un activo inversionista, razón por la cual, todos los ingresos percibidos el 2014, tanto de la venta de bienes inmuebles y muebles, herencia recibida por parte de su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, así como los fondos recibidos por su retiro del Ejército, los depositó e invirtió inmediatamente, inversiones que ha mantenido hasta el presente”, se leía en el documento.
En la investigación contra Fuente-Alba hay una arista que involucra el mal uso de viáticos y el pago de viajes suyos y su esposa, cuyos traslados y compras eran financiados con platas fiscales. De eso es testigo clave el coronel Jorge Cortés, quien declaró que tenía la orden de entregar a Rodolfo Hidalgo, funcionario de la Comandancia y hombre de confianza de Fuente-Alba, $ 12 millones en efectivo los primeros días de cada mes.
El destino de esos dineros era conocido por varios oficiales de esa repartición: el mantenimiento, funcionamiento, fiestas y otros, en la casa fiscal que ocupaba el comandante en jefe y su familia. Los dineros egresaban por orden de Fuente-Alba, se sacaban en sobre y nunca quedó registro en el Ejército.
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