Exministros de Bachelet se articulan y defienden en el TC objeción de conciencia

Hasta el TC llegaron este miércoles la exministra de la Mujer, Claudia Pascual, la exministra de Salud, Carmen Castillo, y el exministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, quienes explicaron el ingreso del documento al TC.
“Hemos hecho este acto porque nos parece tremendamente relevante poder seguir defendiendo los derechos de las mujeres, derechos que hoy día, en relación a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, está garantizado por ley que pueda ser respetado su parecer, su opción en términos de mantener o poder interrumpir su embarazo”, señaló Pascual.
La exministra agregó que “hoy día es un derecho que el Estado, que los servicios públicos de salud deben garantizar en las mujeres y que hoy se está poniendo en cuestión con el requerimiento de Chile Vamos en relación a esta objeción de conciencia”.
Además, Claudia Pascual añadió que “lo que se está haciendo por parte de los requerimientos de Chile Vamos es limitar la excepcionalidad de la objeción de conciencia como institucionalidad en nuestro país y eso implica limitar el garantizar las prestaciones de salud a las mujeres en el caso de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”.
Por su parte, la exministra de Salud, Carmen Castillo, indicó que “el sector privado y la clase media sería la más dañada si es que, en este caso, se da curso a esta situación de acordar que aquellos que reciben fondos del Estado puedan estar siendo objetores de conciencia”.
En tanto, Gabriel de la Fuente destacó que “no se entiende que, requerido un reglamento del gobierno, el reglamento que está en cuestión por los parlamentarios de Chile Vamos es un reglamento dictado por este gobierno y este gobierno no defiende su propio reglamento”.
En esa línea, el exministro abordó la hipótesis de que el Ejecutivo esté usando a los parlamentarios de su sector para cambiar la ley y dijo que “es una conclusión que resulta muy plausible. Como se dice vulgarmente, el gobierno está sacando las castañas con las manos de los diputados y de los senadores y que por la vía de sus diputados y senadores está tratando de impugnar un acto que ellos no tenían la real intención de promulgar y de publicar”.
“Aquí estamos ante una situación que debe ser explicada, porque si uno cree que sus propios actos no son correctos, no son legales, no los firma y ocurre que el gobierno firmó un decreto supremo que determina un reglamento y lo que es obvio es que debería defenderlo, eso es lo que nosotros señalamos y pedimos una explicación”, cerró Gabriel de la Fuente.
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