El 5 de septiembre

El día 5 de septiembre tendremos un nuevo escenario político. Si gana el Apruebo, independientemente de los gustos personales, tendremos certeza en las nuevas reglas del juego, y la política podrá desarrollarse en toda su amplitud. Si gana el Rechazo, las reglas serán las de la vieja Constitución del 80, y la política tendrá que exigirse al máximo, para ver cómo continuamos.

En el primer caso, tendremos certezas. En el segundo, incertidumbre.

La primera incertidumbre será resolver –interpretar– cuál es el alcance del Art. 142, inciso final, de la actual Constitución. Este articulo está dentro de las normas permanentes, en el epígrafe “Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución” en el capítulo XV; o sea, dentro de las normas que según el inciso final del citado artículo continúan vigentes, de ganar el Rechazo.

Este es el primer problema que tendrá que resolver la política; pero es evidente que, más allá de toda interpretación posible, el sentido del epígrafe ya referido fue establecer, como norma permanente, un “procedimiento para elaborar una nueva Constitución”. Es decir, el procedimiento está ya establecido. Pero, como ese procedimiento ya se realizó y se agotó, en este escenario hipotético del Rechazo, la pregunta es qué queda vigente en la repetición de ese procedimiento, y cómo se materializa esta segunda oportunidad constituyente.

Las que se agotaron, parece obvio, son las normas contingentes –como las fechas y los plazos– pero las que permanecen son aquellas que confieren legitimidad al proceso que regula el epígrafe, tales como el pronunciamiento del Plebiscito de Entrada, en virtud del cual se optó por una Convención, íntegramente elegida como el órgano que debe elaborar la nueva Carta Fundamental. Su composición, por otra parte, igualmente está en las normas transitorias –que forman parte de la Constitución– y también forman parte del principio de legitimidad: la paridad de género, los escaños reservados y la participación de los independientes y los discapacitados.

Aquí se abren varias alternativas que son factibles desde el punto de vista jurídico, pero que deberán procesarse y ponderarse políticamente por los distintos actores tanto del gobierno, de la oposición y del resto, que están en posiciones distintas.

Una primera posibilidad –a título de enunciación, no de prioridades– es que a sectores del Parlamento “se les ocurra” presentar reformas parciales a la Constitución –bajo el amparo del nuevo quórum de los 4/7, establecido por la Ley 21.481 del 23 de agosto del 2022, que modificó el Art. 127– e irse por ese camino, soslayando de esa manera “el procedimiento para elaborar una nueva Constitución”. La modificación y posterior aprobación de ese quórum de los 4/7 fue presentada por sus autores como una forma de facilitar los acuerdos, en caso de que ganara el Rechazo; me opuse solitariamente a ese proyecto porque estimaba que era una estrategia encubierta a favor del Rechazo, pero, además, porque puestos en ese escenario, el único sector que puede actualmente juntar ese quórum de los 4/7 es la derecha y sus actuales aliados, no necesitando a los sectores de Apruebo Dignidad ni del Socialismo Democrático.

En otras palabras, ese quórum puede ser una tentación para la derecha y sus aliados que, baipaseándose a la izquierda, tendrán los votos necesarios en el Senado –los tienen– y en la actual Cámara de Diputados –seguramente también los tendrán– para hacer reformas parciales, presentándolas a la opinión pública como justas, necesarias y que cumplan el objetivo de reformar la Constitución. El problema que tendrían esas reformas parciales es si eventualmente logran tener legitimidad frente a la opinión pública, en lugar de ser vistas como una maniobra cupular no sólo para eludir la soberanía popular; y el peor escenario sería, además, que el propio contenido de las mismas fuera rechazado.

El mismo peligro podría ocurrir si la vía de usar reformas parciales fuera concordada por el conjunto de los actores políticos del gobierno y del Parlamento; a menos que fueran de tal entidad que la opinión pública las aceptara como suficientes en su contenido, cuestión, a mi juicio, no de fácil despacho.

Otra alternativa es que se acepte la Convención como el órgano válido para redactar la nueva Constitución, en su segunda oportunidad; y que en dicha instancia sectores de la derecha, ya sea ella misma y sus aliados, o con la concurrencia de la centroizquierda, quieran alterar su composición, ya sea en todos, o en alguno de sus componentes –probablemente los escaños reservados y la participación de los independientes–. Claramente aquí tendríamos un cuestionamiento de legitimidad, por parte de los sectores afectados, con efectos políticos que afectarían al conjunto del proceso; dejando además una puerta abierta a la protesta social, con dimensiones difíciles de prever.

Una tercera alternativa, es que se quiera iniciar un nuevo proceso desde cero, donde la derecha y sus aliados, o con la concurrencia de toda o parte de la centroizquierda, traten de revivir las alternativas a la Convención –como podría ser el actual Congreso, un grupo de expertos, o alguna fórmula mixta; y por supuesto una nueva composición, si tuviera lugar alguno de los casos–.

En resumen, el triunfo del Rechazo significará un escenario de incertidumbre jurídica y política, donde la derecha no sólo recupera su poder de veto; sino que ahora lo hace con el plus de que también recupera la iniciativa, puesto que con la rebaja del quórum a los 4/7, es el único sector, más sus aliados, que pueden cambiar no sólo las reglas del juego del procedimiento constitucional, sino el contenido mismo por sí solos, sin necesitar los votos de la centroizquierda. ¿Usará este camino la derecha y sus aliados? Es una pregunta sin respuesta. Pura incertidumbre.

Los actores políticos de gobierno, y de la oposición, deben entender que el proceso político y social que el país comenzó a vivir a partir del mismo 18 de octubre del 2019, en caso de triunfar el Rechazo, quedará abierto; sin cerrar las heridas que allí se produjeron; sin dar respuesta a las expectativas, demandas y esperanzas que se generaron, y por lo tanto, con un escenario de incertidumbres acerca de cuál será la respuesta de los diversos actores que gatillaron uno de los conflictos sociales más intensos y graves que ha tenido el país.

Como se ha escuchado y leído, algunos actores, de lado y lado, han puesto sus ojos en cambiar las normas relativas a los independientes y a los escaños reservados. Creo que esto no sólo sería un grave error político, sino que demostraría que los partidos no han sacado las lecciones del proceso que se fue gestando, lenta y subterráneamente, hasta emerger con violencia el 18 de octubre y que tiene como una de sus causas, el desprestigio total del Congreso y del sistema de representación. ¿Habrá recuperado este sector su prestigio, como para convencer a la opinión pública de que ahora sí son dignos de confianza, y que con un acuerdo cupular entre cuatro paredes pueden dejar fuera a los independientes, o colocarles trabas y/o exigencias de tal naturaleza que en el hecho se anule o minimice su participación? Todo ello se haría, además, sin comprender que una de las razones para el éxito de los independientes no sólo fue su mecanismo electoral, sino que un voto de castigo de la gente a los desprestigiados partidos políticos.

Respecto de los escaños reservados, también se ha escuchado y leído que algunos, de lado y lado, están propugnando la idea de dejarlos fuera del proceso, o de elegirlos de acuerdo con el número de electores que concurran a votar. Este planteamiento es de dudosa constitucionalidad –de acuerdo con las normas de la vieja Constitución, respecto del principio de igualdad–: ¿por qué a ese sector se le aplicaría dicha norma, mientras los partidos políticos elegirían sus candidatos sin importar los votos emitidos?

Estos sectores olvidan, y/o ignoran, la naturaleza del conflicto que tiene el Estado en el sur del país, donde se juegan distintas estrategias en el mundo mapuche, entre la violencia política y la vía institucional; empujando a estos últimos, en caso de dejarlos fuera o reducir su participación, a perder la poca credibilidad que todavía tienen en el valor de las reglas políticas de la democracia, con lo cual aquel conflicto se potencia. Todo, por la falta de visión de estado de los sectores que propugnan estas alternativas.

La derecha, y los grandes empresarios, tienen una enorme responsabilidad en este escenario, no sólo por la incertidumbre que se generaría con el triunfo del Rechazo, sino por haber contribuido al financiamiento de la campaña, y al desprestigio y las mentiras que se han instalado respecto del texto constitucional propuesto. Lo han hecho sin dar la cara en lo que representan, utilizando con mano mora a otros sectores, descolgados de la centroizquierda que se prestaron, ingenua o sibilinamente, para hacer el trabajo sucio. Ahora, tendrían una nueva oportunidad para entender que un estado democrático y social de derecho, que recoja nuestra realidad sociológica y con descentralización del poder, no se opone para nada a los pilares fundamentales de una sana convivencia, en democracia y con una economía social y ecológica de mercado.

Si gana el Rechazo, tendremos un escenario de incertidumbres en las reglas del juego, y en la forma como el mundo político, empresarial y social moverán sus cartas y se movilizarán. Nada será fácil.

Pero si gana el Apruebo, como yo espero, tendremos certezas en las reglas del juego. Corresponderá a la política la implementación de las mismas, y el Presidente de la República tendrá un rol fundamental para conducir este proceso, cuyo norte deberá ser que tales reglas del juego adquieran plena legitimidad y nos guíen, como país, por muchos años, para construir una sociedad democrática con justicia y dignidad para todos y todas.

Francisco Huenchumilla Jaramillo

Senador