Senador Huenchumilla presenta proyecto para otorgar amnistía a personas que obtuvieron bono de 500 mil sin calificar para el beneficio: acogió idea que le fue presentada por el diputado Jaime Mulet
La moción fue además apoyada por los senadores Pedro Araya, Alejandro Guillier y Juan Ignacio Latorre. En concreto, el proyecto busca librar a las personas de responsabilidad penal, sin perjuicio de que deberán restituir los recursos percibidos “indebidamente”.
El senador Francisco Huenchumilla (DC), con el apoyo y las firmas de los senadores Pedro Araya (Ind.), Alejandro Guillier (Ind.) y Juan Ignacio Latorre (RD), presentó un proyecto de ley para otorgar amnistía a todas las personas que, sin cumplir los requisitos, hayan accedido al Bono Clase Media de 500 mil pesos en el contexto del Covid-19, tras cometer errores en la Declaración Jurada requerida para acceder al beneficio.
Al respecto, el senador Huenchumilla indicó que el proyecto surgió como una idea del diputado Jaime Mulet, que luego fue acogida por los 4 senadores, dado que las leyes sobre Amnistía sólo pueden tener origen en la Cámara Alta.
La iniciativa implica que las casi 474 mil personas que hayan accedido al beneficio sean liberadas de responsabilidad penal, dado que “se trató de un error común (…) debido a la desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión”, detalla el proyecto. Además, se agrega que lo anterior regirá “sin perjuicio de las restantes atribuciones de las autoridades, para solicitar la restitución de lo percibido indebidamente”.
Fundamentos
En la instancia, el senador Francisco Huenchumilla consideró que este proyecto es “de toda justicia, porque aquí tenemos familias que en muchos casos necesitaban de este beneficio, y que además cometieron un error, actuando de buena fe. La pandemia vino a desvelar la precariedad del actual modelo en que vivimos, donde las personas y sus familias pueden calificar como integrantes de la clase media, pero se encuentran en la desprotección, viven endeudadas, y ante la eventualidad de perder su empleo, quedan totalmente a la deriva. Eso ocurre, independientemente de que calificaran o no para este beneficio puntual”, sentenció.
“También es importante señalar y destacar que, en el último tiempo, ha habido una serie de perdonazos del fisco hacia los poderosos. Tenemos a los ex controladores del grupo Penta, que en 2019 fueron enviados a clases de ética. O recientemente, la rebaja de multa a Julio Ponce Lerou por el caso Cascadas, de 62 millones de dólares, a menos de 3 millones de dólares. Bueno, si con ellos existió este tipo de consideraciones, es justo que establezcamos amnistía para estos hechos, sin perjuicio de que lo percibido indebidamente deberá restituirse. Aquí estamos hablando de personas y familias de trabajo”, planteó.
Otras impresiones
En tanto, el senador Pedro Araya enfatizó que “muchos de los chilenos que postularon al beneficio de los 500 mil pesos y que, probablemente no cumplían los requisitos para obtenerlo, no lo pidieron por frescos, sino porque necesitaban el dinero para pagar deudas, comprar alimentos, entre otras cosas. A eso se suma que la implementación de esta medida por parte del gobierno tuvo un muy mal manejo”, enfatizó Araya.
“Hay que recordar los problemas que tuvo la plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos. Por esa razón queremos hacerle un llamado al gobierno del presidente Sebastián Piñera, y al ministro Ignacio Briones, a buscar una solución”, recalcó el parlamentario.
Por su parte el senador Alejandro Guillier, manifestó que la iniciativa “intenta reparar la pésima implementación que ha realizado el Gobierno de los beneficios a los trabajadores afectados por la pandemia”.
“Como señala el proyecto, el sistema implementado por el Ministro de Hacienda fue confuso, lleno de falencias y errores que implicaron que muchas personas de buena fe cometieron errores en las solicitudes de beneficios. Por ello, me parece razonable lo que propone este proyecto, que es limitar la persecución penal a 500 mil chilenos y chilenas que obtuvieron un beneficio que el Estado al parecer no debió entregarles. Cada peso público mal entregado debe ser recuperado. Otra cosa es iniciar una persecución penal contra esas personas, arriesgando penas incluso de cárcel o que perjudiquen sus antecedentes a futuro”, concluyó.
