Ministerio Público por SQM : la DC bajo sospecha

El Mostrador

 Citan a declarar a Chahin, Silber y Rincón

De los antecedentes recabados por la Fiscalía durante la investigación por el caso SQM, todo indica que el 2014, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para aclarar el caso Cascada –instancia controlada por los entonces tres parlamentarios de la falange–, estos optaron por no tocar a quien era la cabeza y corazón de las Cascadas y la minera no metálica: el todopoderoso Julio Ponce Lerou. Prefirieron esquivarlo, centrando su gestión en el rol que jugaron el entonces superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y el a la sazón ex Presidente Piñera. Por eso, el ente persecutor ha decidido reflotar el episodio, los ha citado a declarar en lo que será el mayor juicio por corrupción en Chile y quiere aclarar su activo papel en facilitar que otro de sus camaradas, el diputado Roberto León Ramírez, que no formaba parte de esa instancia fiscalizadora, acudiera diariamente a las sesiones para apoyar a Ponce Lerou. Ahora se sabe que el hijo del ex parlamentario, del mismo nombre, es uno de los 16 acusados en el caso, por facilitación de boletas ideológicamente falsas, por 157 millones de pesos.
Corría el año 2014 y todavía no explotaba el polémico caso SQM de la mano del testimonio de María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, quien fuera subsecretario de Minería en el primer Gobierno de Sebastián Piñera. La causa será el mayor juicio por corrupción en la historia del país, con 16 acusados por diversos delitos tributarios vinculados a financiamiento ilegal de la política y, además, dos de ellos imputados por soborno y cohecho (Patricio Contesse y Pablo Longueira) y más de 600 testigos.
Aquel año se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que, con votos de la Nueva Mayoría, paradójicamente dio el vamos a la tarea de indagar las responsabilidades de las autoridades del primer mandato de Piñera en la aplicación de duras sanciones contra Julio Ponce Lerou y su círculo más cercano, por sus conductas ilegales en el marco del caso denominado “Cascadas”, mecanismos societarios utilizados por Ponce Lerou para controlar SQM, no obstante ser minoritario, y para hacer negocios con las acciones de la minera no metálica al margen de la ley. Es decir, en vez de constituir la comisión investigadora para apoyar a las autoridades que le pusieron el “cascabel al gato” a las malas prácticas empresariales del ex yerno de Pinochet y su entorno, lo hicieron para atacarlas e intentar deslegitimarlas.
La idea la habían estado gestando, hacía meses, parlamentarios de la Democracia Cristiana, puntualmente desde que en septiembre de 2013 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formulara cargos contra Julio Ponce Lerou –entonces presidente de SQM y controlador de Cascadas– y su círculo más cercano. En ese momento, sin embargo, la idea se enfrió, porque, en un almuerzo de la bancada DC, el entonces diputado Jorge Burgos frenó las intenciones de sus pares, advirtiendo que la investigación de la SVS seguía en curso y no era prudente intervenir en medio de ella.
Pero tiempo después, al año siguiente y ya en el Gobierno, por 45 votos a favor y 15 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto de acuerdo elaborado por los diputados de la falange, Fuad Chahin, Gabriel Silber y Ricardo Rincón, para conformar una comisión investigadora. La presidencia de esta instancia recayó en Chahin –hoy timonel máximo de la DC– y los otros dos parlamentarios quedaron como integrantes.
A ella se incorporaron también otros parlamentarios y, según indicó Silber en su momento, se darían todas las garantías a la derecha –nuevamente en la oposición– de que se investigaría sin prejuicios ni intenciones previas ocultas. Además, se indicó que se darían tres meses para las indagaciones y que, entre los más probables invitados a la comisión, estarían el entonces ex Presidente Piñera, el ex titular de la SVS, Fernando Coloma y el ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.
El informe por el caso Cascadas fue finalmente rechazado en la Sala por 40 votos en contra, 31 a favor y 14 abstenciones, entre ellas, la del entonces diputado León, quien lo consideró “débil” para realizar un reproche a Cascadas/SQM. Un dato relevante es que, en ese momento, Roberto León Araya, hijo del ex parlamentario DC, de profesión agrónomo, ya figuraba en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos por emitir las mencionadas 63 boletas de honorarios falsas a la minera no metálica entre los años 2009 y 2014.
El objetivo central de la comisión, según el texto formal aprobado, era “abocarse a conocer los hechos relativos al conflicto que se habría producido entre el accionista mayoritario de las sociedades que controlan la empresa Soquimich y los accionistas minoritarios de las mismas, con ocasión de operaciones bursátiles realizadas por el primero en perjuicio de los segundos”.
Sin embargo, desde la Fiscalía existen fuertes sospechas acerca del rol protector a Julio Ponce Lerou que habrían jugado los entonces “fiscalizadores” Silber, Chahin y Rincón, estos dos últimos hoy ya fuera del Congreso (aunque Chahin es el actual mandamás de la DC). Sobre todo después de las pruebas obtenidas durante la investigación del denominado caso SQM, en cuanto a que el hijo de su camarada democratacristiano, Roberto León Ramírez, tan activo en defensa del ex yerno de Pinochet, recibió –sin saberse aún el destino exacto de esos fondos– la suma de 157 millones de pesos de SQM, “justificados” a través de facturas ideológicamente falsas.
Efectivamente, en la carpeta investigativa figuran 63 boletas de honorarios emitidas a SQM por Roberto León Araya, sin contraprestación de servicios por esa abultada suma.
Desde el Ministerio Público aseguran que el rol que cumplió este “corazón de la DC” no fue menor y, por lo tanto, se citará a Chahin, Silber y Rincón para que declaren en tribunales “acerca de la intervención del ex diputado Roberto León Ramírez en la comisión de investigación del caso Cascadas, oficios remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros a iniciativa del diputado León y firmados por este y demás circunstancias materia de la investigación”.
Se supone que los tres parlamentarios en esa época tendrían que, al menos, haber incomodado al todopoderoso Ponce Lerou con el desarrollo de la investigación, pero finalmente sucedió todo lo contrario, la comisión se centró casi exclusivamente en el eventual rol de Piñera, quien –como señaló entonces Chahin– “a través de sus sociedades de inversiones, tenía interés en las Cascadas”. Lo mismo dijo en su momento Ricardo Rincón. De esta forma, quedo sellado el foco de la comisión: Piñera y no el ex yerno de Augusto Pinochet.
El informe por el caso Cascadas fue finalmente rechazado en la Sala por 40 votos en contra, 31 a favor y 14 abstenciones, entre ellas, la del entonces diputado León, quien lo consideró “débil” para realizar un reproche a Cascadas/SQM. Un dato relevante es que, en ese momento, Roberto León Araya, hijo del ex parlamentario DC, de profesión agrónomo, ya figuraba en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos por emitir las mencionadas 63 boletas de honorarios falsas a la minera no metálica entre los años 2009 y 2014.
León padre no fue parte de la comisión investigadora, pero tuvo un activo rol en el rumbo que tomó dicha instancia parlamentaria. En efecto, acudía diariamente e intervenía con un prolijo conocimiento técnico del caso y hasta pedía oficios al superintendente de Valores y Seguros.
Incluso, tuvo más de una discusión con el entonces diputado RN, Nicolás Monckeberg –también citado a declarar en el juicio oral–, por sus afirmaciones cuando puso el foco en lo interesante de “saber la opinión del diputado sobre el deber de reserva que cabría sobre la empresa en cuanto a sus donaciones de campañas”. Una clara interpelación a la participación de León en la comisión que supuestamente debía investigar las irregularidades bursátiles en las transacciones de SQM, controlada por Julio Ponce Lerou a través de las sociedades Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.
Es esa “influencia” de León en los parlamentarios DC que fueron parte de la comisión investigadora, lo que la Fiscalía quiere despejar en el juicio oral por el caso SQM. Todo indica que tiene sospechas fundadas acerca del relevante papel que jugó parte de la falange en esta trama de corrupción política.
No es menor que la comisión investigadora no rozara siquiera a Ponce Lerou, considerando que el esquema de transacciones consistió en un proceso en el cual las “sociedades cascada” proveyeron de acciones de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B a las diferentes sociedades relacionadas con el ex yerno de Pinochet y, en menor medida, a otros empresarios vinculados con él. Esto, a valores bajo el precio de mercado y en condiciones que imponían obstáculos a la participación de otros inversionistas, para que después dichas sociedades vendieran los papeles a precios mayores a los que los habían comprado, en condiciones “sobre mercado” y siendo las contrapartes de estas operaciones, preferentemente, las propias “sociedades cascada”.
En este mecanismo participaron diversas “sociedades cascada”, que contaron con distintos gerentes generales en el tiempo y que, sin embargo, efectuaron operaciones de inversión y financiamiento que “parecen haberse realizado de manera planificada, sincronizada y coordinada”, a criterio del Ministerio Público, con el resultado de generar oportunidades de negocios principalmente para sociedades de Julio Ponce, distintas a las “sociedades cascada” y que, incluso, habrían sido contrarias al interés social de estas últimas.
“Esto conduce a entender que las mismas requerían de un actor con la suficiente influencia para coordinar dichas actuaciones con el resultado antes señalado, no pudiendo ser otro más que Julio Ponce Lerou, controlador de las ‘sociedades cascada’, quien habría ideado, promovido y participado en la ejecución del esquema”, se leyó en la formulación de cargos en su contra.