Gobierno ingresó veto a proyecto que prohíbe corte de servicios básicos
El Gobierno ingresó este jueves en la Cámara de Diputados vetos para dos proyectos aprobados en el Congreso: el que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia de Covid-19 y el que crea el Servicio Especializado de Protección de la Infancia.
La acción del Ejecutivo se produjo pocas horas después de que dicha corporación parlamentaria aprobara la idea de legislar el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones desde las AFP con votos transversales incluidos algunos del oficialismo.
Sobre el primero, se trata de un veto aditivo, supresivo y sustituvo: pretende establecer un límite de hasta 15 metros cúbicos de agua para poder acceder al beneficio, eliminar la posibilidad de pedir el “plan solidario de conectividad” en telefonía e internet -parte del acuerdo de marzo del Gobierno con las proveedoras- y permitir a las empresas traspasar a los clientes los mayores costos de la implementación de la ley.
El Ejecutivo asegura que la propuesta no afectará los beneficios para la ciudadanía contemplados en la ley, que presionaban desde Chile Vamos -luego de que se descartara recurrir al Tribunal Constitucional-, ya que, principalmente la UDI, considera que el proyecto no se ajusta a la Carta Fundamental y puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas.
Sin embargo, un grupo de alcaldes oficialistas, bajo el alero de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), pedían que el Ejecutivo no vetara la ley y la promulgara.
El otro veto, también aditivio, supresivo y sustitutivo, apunta a eliminar la disposición transitoria que amarra el inicio de funcionamiento del Servicio Especializado de Protección de la Infancia a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado.
De momento, es probable que ambos vetos sean rechazados en el Congreso, pero la esperanza del Gobierno está puesta en que en la votación inmediata de insistencia, los parlamentarios no tengan los dos tercios que se requieren constitucionalmente para mantener en los proyectos las disposiciones que habían aprobado y que fueron observadas por el Ejecutivo.
