Voto obligatorio: se reabre el debate

Municipales de 2012. Es el debut del nuevo régimen de inscripción automática y voto voluntario, y la atención está puesta, además de las batallas emblemáticas, en los efectos que la reforma constitucional -impulsada y promulgada en el primer gobierno de Michelle Bachelet- tendrá en la participación de los chilenos.

Al final de esa jornada, las cifras serían elocuentes: ese año se registró la tasa de participación electoral más baja desde el retorno a la democracia. Por ejemplo, respecto de la elección previa al debut del nuevo sistema -la presidencial de 2009- el número de chilenos que concurrió a las urnas bajó de alrededor de 6,9 a cerca de 5,4 millones. Lo mismo ocurriría en 2016, para las municipales, donde el número de votantes volvió a disminuir, esa vez a unos 4,9 millones. Así, los análisis han sido múltiples. Y tanto en la centroderecha como en la centroizquierda no tardaron en admitir que terminar con la obligatoriedad del voto fue un “error”.

La medida había sido apoyada por ambos sectores, en los que se fueron convenciendo de la idea de que la inscripción de las personas para votar se volviera automática -lo que amplió el padrón desde ocho a más de 13 millones- permitiría una mayor participación. De hecho, luego que la reforma constitucional fuera promulgada en 2009, la primera administración de Sebastián Piñera continuó con el proceso, impulsando la ley orgánica que determinaría cómo se concretaría la modificación.

Los primeros en proponerlo fueron senadores de centroizquierda (PS, PPD y DC) a través de un documento en que consolidaron las propuestas del sector para un “nuevo pacto social”. A esa iniciativa se sumó la diputada Joanna Pérez (DC), quien presentó hace algunos días una reforma en la Cámara -con apoyo transversal de parlamentarios de oposición y oficialismo- para reponer el voto obligatorio. Incluso, durante la próxima semana la legisladora espera poner la iniciativa en tabla en la Comisión de Gobierno Interior, que ella preside.

Principalmente, en sectores de la oposición se ha instalado la idea de que la crisis que vive el país también tiene relación con la “deslegitimidad” del sistema democrático. Así, creen que eso se podría atenuar si es que se vuelve a establecer el concepto del voto como un “deber” ciudadano.

Es la misma postura que ha expresado en los últimos días el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría. “Como una medida más para mejorar nuestra democracia, me permito sugerir que se estudie restablecer el voto obligatorio, considerando que es uno de los principales mecanismos para saber lo que las mayorías quieren”, sostuvo.

El vicepresidente del Senado, Alfonso De Urresti (PS), recuerda que él votó a favor de terminar con el voto obligatorio cuando aún era diputado, aunque hoy sostiene que “creo que no fue lo suficientemente debatido, no fue dimensionado el impacto que producía y, claramente, ha generado una baja participación, una falta de involucramiento de la ciudadanía”.

El parlamentario agrega que, a su juicio, el voto “debiera reponerse como obligatorio, de manera que toda la ciudadanía se involucre”.

Una postura similar es la que tiene el exsenador Patricio Walker (DC), quien asegura que si bien existió un acuerdo transversal para eliminar la inscripción voluntaria y el voto obligatorio, y que él mismo aprobó la idea teniendo dudas sobre sus consecuencias, la evidencia “demostró que no se produjo el efecto esperado”. Y agrega: “Después de un tiempo suficiente, razonable, creo que es prudente evaluar esta medida”.

Para el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Felipe Harboe (PPD), esta crisis “no se supera sin las instituciones”. Y si bien coincide con la necesidad de reponer el voto obligatorio, advierte que lo que se requiere es un conjunto de reformas que acerquen la política a la ciudadanía. “Sin duda, repondría el voto obligatorio. Si una parte importante de las personas que participaron de la marcha que congregó a más de un millón de personas hubiese votado, probablemente el Parlamento podría haber sido otro”, señala. Asimismo, asegura que es necesario poner límite a la reelección, hacer una reforma al sistema de plebiscitos y partir por una nueva Constitución, justamente algunas de las medidas que se han ido reflotando en los últimos días en medio de la crisis (ver recuadros).