Violencia en la Araucanía: la necesidad de una señal política clara ante un escenario incierto
A casi dos meses de finalizar el año, hacemos un balance de las políticas aplicadas en La Araucanía, especialmente respecto al control de la violencia en la zona, fue uno de los mensajes entregados por el presidente, Sebastián Piñera, en el marco del encuentro de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Sabemos del esfuerzo del Gobierno en esta materia, como también de la implementación de uno de los planes de fomento productivo y de desarrollo de infraestructura pública más ambicioso de la historia de la región. El Plan Impulso implementado con un presupuesto de US$8.000 millones de dólares para 8 años, ha permitido, sin duda, aumentar el crecimiento y empleo. También valoramos el envío al Congreso de proyectos de ley vinculados al reconocimiento y representación de los pueblos indígenas.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el aumento de atentados ocurridos durante el mes de septiembre entre las regiones del Bio-Bio y la Araucanía es abismante, suman un total de 17 casos, siendo una cifra muy superior a los 5 contabilizados en igual fecha el año 2018. Según la multigremial de la Araucanía, las denuncias ante delitos vinculados a violencia rural, se incrementaron en un 237,8% durante el primer trimestre de este año comparado con el año recién pasado.
La incertidumbre con la que hemos convivido estos últimos meses, nos hace prever un futuro incierto para la próxima temporada estival, en lo que respecta a los sectores económicos vinculados especialmente al Turismo y Agricultura, considerando que éstos han sido los más afectados por esta violencia y son, sin duda, los mayores dinamizadores de nuestra economía local.
Sumada a esta situación, no hemos podido cumplir con los compromisos legislativos y la esperanza que de ello se vislumbraba; Ministerio de Pueblos Indígenas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, Consejo de Pueblos, y lo más importante, en mi opinión, la urgente modificación a la Ley Indígena, situación que no fue posible tras el fracaso de la consulta indígena. No obstante, esperamos que tras la re adecuación metodológica de ésta, pronto se pueda retomar.
Otro de los temas que ha sido determinante en el conflicto, es la entrega de tierras; ya que tanto mapuches como no mapuches mantenían la ilusión de poder comprender, cómo ha sido el devenir de la política de entrega de tierras de los últimos años, y hoy, sin embargo, se mantienen varias interrogantes, con la negativa respuesta de la Contraloría General de la República, respecto de no estar en condiciones de entregar un informe detallado, quedaremos con la legítima duda de los criterios aplicados en temas como: ¿Cuánto se ha entregado? ¿Cuánto queda por entregar? ¿Cuántas comunidades tienen aplicabilidad y cuánto tiempo llevan esperando? Es decir, un balance que nos permita ordenar la casa.
Por otra parte, la Dipres señaló que disminuirá para el año 2020 el presupuesto de tres programas de la Conadi; aludiendo a un mal desempeño de los mismos. Lamentablemente, no sabemos, pero si esperamos que la Conadi este reestructurando la falencia de dichos programas, dado que los problemas en la Araucanía no se solucionan con disminuir el presupuesto, sino con hacer las cosas con compromiso, responsabilidad y pertinencia.
Agradecemos todo lo que se está haciendo por la Araucanía desde el Gobierno, y desde el mundo privado, pero pareciera ser que a pesar de todo este esfuerzo se requiere volver a sentar a la mesa a todos los actores y encontrar en conjunto una solución que nos permita encontrar el camino a la difícil paz en la Araucanía.
